Investigadora del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN)
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Al escuchar temas relacionados con el Sistema Penitenciario (SP) se piensa rápidamente en rejas, bandidos y crimen. Sin embargo, estos son algunos elementos de un sistema muy complejo. Si bien son importantes, muchas veces se olvida lo básico: contar con los recursos para operarlo.
El objetivo principal del SP es la custodia de privados de libertad para evitar que se fuguen, obstruyan procesos judiciales o participen en nuevos delitos contra la ciudadanía. Asimismo, debe velar por la seguridad y los derechos humanos de los reclusos, y además proporcionarles condiciones para una rehabilitación efectiva. El SP contribuye a disuadir y prevenir la criminalidad.
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En los últimos diez años el número de privados de libertad en Guatemala se ha más que duplicado, pasando de 8 mil 852 a 17 mil 951 de los cuales 91% son hombres y solo la mitad cuenta con condena. No obstante, la infraestructura no ha tenido la misma evolución, ya que en una década se ha continuado con alrededor de 6 mil 300 espacios carcelarios. La tasa de ocupación carcelaria es de 260%. Los centros con mayor tasa son el anexo B, zona 18 (672%), y Santa Teresa (647%).
En 2006 se hizo una nueva ley (del Régimen Penitenciario, Decreto 33-2006), la cual entró en vigencia en abril de 2007, su reglamento se publicó a finales de 2011. Es la primera legislación que regula lo relacionado con el SP, debido a que anteriormente estaban normados solo unos aspectos puntuales. Sin embargo, este marco legal es demasiado ambicioso y lamentablemente poco se ha operado. Además, el presupuesto para el SP sigue siendo muy similar al de años anteriores, lo que hace sumamente difícil su implementación.
Sabemos que un problema serio es la delincuencia desde y dentro de las cárceles. Esto se debe a que no se logra romper los vínculos de los presos con el mundo exterior. Los altos índices de corrupción, controles internos muy débiles, una infraestructura completamente sobrepasada que no permite una debida separación de los privados de libertad y tasas de hacinamiento elevadas son factores que contribuyen a este problema. De hecho, el fiscal del Ministerio Público contra las extorsiones comentó hace unos meses que el 80% de estas proviene de las cárceles.
Recientemente el Ministerio de Gobernación anunció la construcción de 40 módulos a un costo de Q1 mil millones para albergar a 5 mil 760 privados de libertad. Este procedimiento se hará por un acuerdo de excepción y tiene como fin remozar las instalaciones carcelarias y reclasificar a los reos. Se informó que se espera concluir las obras aproximadamente en ochos meses.
Definitivamente el tema de instalaciones carcelarias es prioritario, pero rápidamente surge una serie de dudas. ¿Se cuenta con un plan de infraestructura carcelaria en el mediano y el largo plazos? ¿De dónde saldrán los recursos? ¿Cuál será la estrategia para controlar que los reos no sigan delinquiendo? ¿Habrá nuevas reglas internas para mantener y garantizar más orden y control como eliminar espacios para ventas clandestinas, asignar mayor espacio para la rehabilitación y disponer de tecnología para lograr accesos restringidos? ¿Se utilizará el material de construcción adecuado y se contará con los diseños óptimos? Estaremos pendientes del detalle de la propuesta. ¡El buen funcionamiento del sistema es muy importante para lograr una Guatemala segura!