Carmen Aída Ibarra Morán

Los dilemas de las comisiones

Directora Ejecutiva de Movimiento Projusticia Directora Ejecutiva de Movimiento Projusticia

Esta semana se tiene previsto que el Congreso juramente a rectores, decanos, representantes del gremio de abogados, magistrados de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia, que tendrán bajo su responsabilidad postular a 26 candidatos a magistrado de la Corte Suprema de Justicia y más de 200 candidatos de la Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría.

Este es un periodo (julio-septiembre) en el cual los postuladores buscan consensos técnicos y políticos para hacer un buen trabajo; o bien se dedican a participar activamente en estrategias políticas, negociaciones espurias o tráfico de influencias, depende de qué comisionados estemos hablando.

En las comisiones hay de todo: personas honorables mezcladas con gente susceptible de ser presionada o seducida por operadores políticos; y están los que llegan a las comisiones con una lista predeterminada de qué aspirantes deben ser postulados, y quiénes deben ser obviados o excluidos.

Como bien sabemos, los procesos de postulación son eventos eminentemente políticos que en los últimos años han sido denostados generalizadamente, porque en el seno de las comisiones se estila trocar idoneidad y honorabilidad por sumisión, acomodo e impunidad.

Es usual que queden al margen los mejores perfiles para dar prioridad a quienes garantizan acceso y buen ambiente para negociar la administración de justicia, particularmente en casos de alto impacto político o procesos que involucran figuras partidarias de alto nivel, gente prominente de grupos empresariales, partidarios o sectoriales con poder legal o ilegal.

Este hecho no desapareció con el advenimiento de la Ley de comisiones de postulación, tan solo se hicieron públicos e irrebatibles los aspectos más negativos, las sombras que poco a poco prostituyeron ciertas características de los procesos de postulación, como la preeminencia de la academia y la representación gremial, que en su origen fueron concebidos como elementos llamados a sanear ese ámbito que hasta entonces había sido coto exclusivo de los caciques partidarios, y que terminaron convirtiéndose en plataforma de negociaciones, presiones y tráfico de influencias. Con sus luces y sombras, los procedimientos vigentes son los únicos legamente establecidos y mientras no se cambie de raíz el modelo constitucional, seguiremos afrontando similares quejas y problemas.

Las comisiones ya están copadas por grupos de interés. Unos están inclinados al oficialismo, otros a los grupos que mejor negocian impunidad y patrones de comportamiento que mantienen el estado actual de las cosas; hay algunos que no juegan esas agendas, pero podrían responder a otras y son muy pocos los comisionados independientes. Los comisionados podrían, si tienen voluntad, mejorar las condiciones que rodean los procesos, aplicando de manera integral la publicidad, la transparencia y la objetividad; creando procedimientos respetuosos e innovadores para evaluar a profundidad a los aspirantes, especialmente en aspectos cruciales como la ética y la honorabilidad, la idoneidad y la capacidad; no restringir su función a la mera evaluación cuantitativa y tener apertura al momento de analizar objeciones y tachas.

A los ciudadanos nos toca exigir procesos depurados, técnicos y objetivos, a partir del uso de instrumentos que contribuyan a reducir las prácticas discrecionales que tanto daño han ocasionado a la postulación y elección de autoridades de justicia, contraloría y otras esferas de la vida nacional.