María Luisa Méndez

María Luisa Méndez
Presidenta Paz Joven Guatemala
Twitter. @mariawicha

Esta semana se llevó a cabo la segunda reunión de Gabinete Especifico de la Juventud del 2014, en donde se instaló la Mesa Técnica, un espacio que Paz Joven también ha impulsado para el fortalecimiento a la iniciativa de Ley de la Juventud 4826, que fue presentada en el mes de marzo al Congreso.

Desde el año 2005 se ha promovido desde algunas organizaciones juveniles la aprobación de un marco jurídico y de respaldo que favorece a las y los jóvenes del país, diversas acciones se han desarrollado y se han creado varias iniciativas de ley la 3285, 3896 y ahora la 4826, las dos últimas similares en su redacción con cambios que responden a intereses de quienes la han propuesto, por ejemplo el tema presupuestario y de funcionamiento a la Secretaría Nacional de la Juventud; el panorama indica entonces que el tema no es prioritario para el Estado y que se visualiza en las estrategias que han utilizado las bancadas para que el proceso no avance.

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Sin embargo, también nos deberíamos de hacer algunas preguntas en relación a estas iniciativas, me centraré en la última 4826: ¿será una iniciativa que necesitemos las y los jóvenes? ¿tendrá los elementos necesarios que la hacen una ley idónea y aplicable? ¿El que haya sido socializado con varias organizaciones la hace una ley positiva o únicamente legitima el proceso? Desde hace varios meses Paz Joven Guatemala, ha analizado el contenido de la misma y ha encontrado algunos vacíos jurídicos, políticos y sociales, una de la principales es la ausencia de derechos específicos.

Una ley específica, debe definirse como aquella que se utiliza para legislar en donde se fija en los principios generales a partir del reconocimiento de la persona, en ese caso las y los jóvenes, y crea un marco de derechos “específicos”, que en este caso delega el cumplimiento a las autoridades competentes para que defina las medidas necesarias dentro de lo establecido en ley a partir de la garantía y protección, observando un marco jurídico general y haciendo de esta una integralidad.

Para quienes hemos estado involucrados activamente en el ámbito social del país, conocemos aquellas necesidades y contextos en el que viven millones de jóvenes desde sus diversas formas de serlo e identificamos que no existe esa “obligación” por parte del Estado en la transversalidad del enfoque de juventud, que no solamente tiene que ser vía las políticas públicas, por lo tanto, únicamente hemos recibido ese disfrazado compromiso hacía la juventud que brinda oportunidades y no garantiza derechos.

Esperemos que en los próximos días se desarrolle un proceso legítimo desde la misma participación juvenil, analizando y aportando a través de un grupo multidisciplinario de organizaciones quienes conformamos la Mesa Técnica y somos miembros de Gabinete, para fortalecer la iniciativa, y por parte de las instituciones de gobierno exista esa objetividad en el cómo y quienes serán los responsables de ese aseguramiento de una calidad de vida para la juventud. Lo fundamental no solamente es que se apruebe una ley, en Guatemala tenemos muchas pero no todas son positivas, y el riesgo es tener una ley difusa, que no se aplique, lo importante es un marco que garantice derechos.