María Luisa Méndez

Reconocer a la juventud, un compromiso pendiente del Estado

María Luisa Méndez Presidenta Paz Joven Guatemala @mariawicha María Luisa Méndez
Presidenta Paz Joven Guatemala
Twitter: @mariawicha

Para la sociedad y la mirada adultocrática, la juventud es determinada como aquel grupo social carente, para ser más explicita es aquel que no puede “decidir”, es común escuchar desde el enfoque adultocéntrico: “…estos patojos que van a saber; esos no se interesan por la realidad social, no tienen experiencia, son irresponsables, inmaduros…”, en sí, el imaginario es que hay que conducirnos y orientarnos, hay que “enseñarnos”.

Por lo tanto, podemos afirmar que en nuestro contexto de una sociedad dominada por adultos, predomina un estigma hacía la condición de ser joven, así como una forma de pensar basada en la tutelaridad y la asistencia, no cabe duda que esto se traslada al plano de las políticas y prácticas del Estado.

Sin embargo, para la juventud “inexperta e inmadura” no le es ajena su realidad, dentro de su parámetro y percepción de sus contextos y mundo juvenil, es evidente que vive una realidad adversa, cargada de problemas y desatención que no permite un desarrollo humano integral y el mejoramiento de su calidad de vida.

Hoy por hoy nosotros la juventud, que estamos comprendidos entre los 13 y 29 años, representamos el 33% de la población guatemalteca, según la última Encuesta Nacional de Condiciones de Vida y Población Joven –ENCOVI 2011-; nuestras necesidades y problemas que nos abarcan trascienden el plano personal y recaen en el ámbito y el marco de los derechos, donde el Estado y sus poderes deberían de garantizarlos como a todo guatemalteco, por ejemplo el derecho a la vida, que según los reportes del Ministerio Público el 80% de las muertes violentes se producen entre jóvenes de 15 a 24 años.

Cada vez más el tema de juventud tiene más fuerza, desde el último mes hemos podido observar cómo se aborda, ya no solamente como un tema coyuntural o político si no como un compromiso de Estado, donde a pesar que aun no está claro el establecimiento de las representaciones de juventud y el compromiso de país que ello significa, el Estado poco a poco se ha dado cuenta que tiene pendiente el reconocimiento de este grupo social.

La evolución de los derechos humanos y la creación de derechos específicos a nivel global, han generado un marco de reconocimiento, garantía, protección y restitución de los mismos a los sectores más vulnerables, la ampliación de los derechos permite dar sentido a las emergentes demandas sociales, estableciendo una correlación con los objetivos de un determinado modelo de desarrollo.

Para tener un derecho es necesario que nos lo den, estamos objetivamente ante un momento de ampliación y profundización de derechos, y muchos jóvenes pese a que no hemos sido reconocidos desde nuestra particularidad como sujeto de derechos y desde el plano de la universalidad, estamos mirando lo político y la política como parte de nuestra práctica; y esto justamente es lo que provoca miedos en el mundo de los adultos, es necesario que tanto el Estado, las autoridades, funcionarios públicos y la sociedad adultocéntrica, nos den dicho reconocimiento y legitimidad para el ejercicio pleno de nuestras identidades, diversidades y contextos, al otorgarnos un marco jurídico y político que permita desarrollarnos humana e integralmente, con el propósito de mejorar nuestra condición de vida y garantizarnos nuestros derechos generales y específicos.

Nuestros derechos no son solo un discurso pronunciado por una autoridad o algún funcionario, requieren que sean reconocidos como un derecho a través de una ley específica, idónea, pertinente, oportuna, integral y sobre todo legalmente positiva.

Cuando el derecho deja de ser para nosotros una cosa para convertirse en un discurso propio de nosotros las y los jóvenes, como todo discurso, lo es precisamente porque tiene sentido. Pero el sentido puede o no ser recibido por un destinatario. Se trata de derechos y éstos han de ser efectivos, la sociedad debe admitirlo como tal, lo que se reconoce es, desde luego, la norma; aunque no solo es eso, Pero para que la norma sea aceptada como jurídica, debe reconocerse y ante todo crearse. Sin embargo, no basta con eso; es preciso, además, que se reconozca el carácter obligatorio de la conducta del funcionario como sujeto de obligaciones y el de la sociedad como sujeto de responsabilidades.

He aquí nuestro desafío como sociedad. La posibilidad de brindar un marco jurídico, político y de desarrollo humano integral a la juventud guatemalteca, ya que hoy en día existe un conflicto entre igualdad política y desigualdad social. La juventud no goza de derechos específicos, ni de espacios legítimos de participación desde la pertinencia e identidad de cada uno, ni mucho menos de igualdad en el marco de los derechos civiles, los derechos políticos y los derechos sociales.

Es indispensable crear la posibilidad de brindar los elementos que permitan la construcción política desde la responsabilidad y la libertad, de canalizar sus necesidades en espacios creíbles y concretos, es necesaria una verdadera inclusión de la juventud a la construcción de una democracia participativa, pero incorporarlos no solo por el hecho de ser jóvenes sino por el hecho de reconocerlos como ciudadanos como parte de la sociedad que día a día crea desarrollo y construye democracia.

Es el momento de ampliar y profundizar en los derechos específicos para la juventud, para hacer efectivas las políticas públicas de juventud, para que verdaderamente se haga transversal a toda la institucionalidad a la juventud, esto también requiere y depende del grado de desarrollo de la institucionalidad a favor de la misma y del campo jurídico que como hemos dicho, nos reconozca como sujetos de derechos.

Es necesario comprender que la existencia y el tipo de legislación específica sobre juventud, como un componente de la institucionalidad, contribuye a fortalecerla y por tanto a mejorar la calidad de los jóvenes, así como a fortalecer y enriquecer a las acciones de gobierno y a las políticas públicas en esta temática. Comprendamos que la existencia de una relación significativa entre el grado de desarrollo institucionalidad y el campo de juventud aumenta el nivel de desarrollo de los países.

Es oportuno entonces contar con una ley específica, que verdaderamente sea representativa, congruente, acertada, técnica, acorde a la integralidad del sistema normativo y jurídico; y la universalidad de los derechos humanos, una ley en la cual todas y todos los jóvenes nos sintamos identificados, representados y actores de nuestro desarrollo.