María del Carmen Aceña

María del Carmen Aceña
Investigadora Asociada
CIEN

Uno de los temas más discutidos en los medios de comunicación la semana pasada tuvo relación con el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Por un lado estuvimos pendientes de la elección de presidente –muy reñida por cierto– de El Salvador, cuyo TSE será clave como autoridad para declarar al próximo presidente de la hermana república.

Por el otro, el martes 11 de marzo el Congreso de nuestro país eligió a los nuevos magistrados y sus suplentes del TSE, para el periodo 2014 -2020.

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Guatemala aspira a gobernarse en democracia. Los griegos definían la democracia como un sistema de gobierno de una ciudad Estado cuyo pivote principal es la participación directa de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones colectivas. La palabra democracia viene de demos, que significa “pueblo”, y krátos, que puede traducirse como “poder”.

Expertos comentan que se da la democracia cuando se logra elecciones libres y justas; existen los derechos de voto, a ser electo y de los líderes a competir por el voto popular; se dan las libertades de asociación, expresión y de prensa; y si las instituciones públicas dependen del voto popular.

Por esta razón es de suma importancia un Tribunal Supremo Electoral con autoridad. Nuestra constitución enuncia al TSE, pero no lo define. La Ley Electoral y de Partidos Políticos en su artículo 121 define a este tribunal como la máxima autoridad en materia electoral. Es independiente y de consiguiente, no supeditado a organismo alguno del Estado. Los nuevos integrantes del TSE tienen el mismo reto que los anteriores: que se cumpla la ley; sin embargo tienen desafíos inmediatos como a) fiscalizar el financiamiento de los partidos políticos, b) sancionar el tema clientelar del gobierno y sectores e c) interrumpir la campaña política anticipada.

Respecto del primer desafío, ¿de dónde salen los recursos para financiar los partidos y las campañas políticas? Podríamos calificarlas en cuatro fuentes: 1) el financiamiento fijado por la ley por voto emitido, 2) los fondos privados obtenidos de actividades honestas, 3) los recursos logrados por corrupción, como desvío de fondos públicos hacia proyectos de política partidista, y 4) el dinero de actividades ilícitas como el contrabando y el narcotráfico. La 3 y la 4 deberían ser intolerables.

En relación con el tema “clientelar”, es de suma importancia que ningún funcionario (incluye diputados, alcaldes y autoridades del ejecutivo) utilice fondos públicos para conseguir votos. El regalo de artículos, otorgamiento de plazas, inversión en obra pública especializada, traslado de dinero, celebraciones de fiestas y acarreo de personas compran la voluntad del votante, haciéndolo dependiente a un partido.

Y por último, referente a la campaña anticipada, su lógica es moderar el tiempo electoral debido a su costo y la saturación al votante. La ley señala que se pueden realizar campañas durante el proceso electoral. Se penaliza con multas risibles (de US$15 a US$125), y luego se abren procesos legales. A veces ni se paga, y casi nunca se detiene la propaganda. Sería útil contar con un endurecimiento de las sanciones, inclusive el cierre temporal de la organización partidaria que no cumpla con la ley.

A los nuevos magistrados titulares y suplentes se les desea muchos éxitos, y esperamos que defiendan nuestra democracia con derecho, honor, firmeza y sabiduría. ¿Qué opina de que los políticos nos tengan invadidos con propaganda, discursos y anuncios preelectorales?