María del Carmen Aceña
Investigadora Asociada
CIEN
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La violencia es una conducta aprendida que se traduce en una forma de responder a situaciones o eventos determinados.
La violencia puede ser física o psicológica y se puede distinguir entre la doméstica y social.
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La Organización Mundial de la Salud la define como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.
Existen varios indicadores para conocer si un país es violento o no. Los homicidios son el indicador más importante, ya que representa vidas perdidas. Según deconcepts.com la palabra homicidio proviene de “homo”, que significa hombre, y “cidium”, que quiere decir matar, o sea: matar a una persona. En Guatemala, como a nivel mundial, es un delito.
El año pasado según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) hubo 6 mil 78 homicidios en Guatemala, en promedio más de 16 diarios. Hasta hace aproximadamente dos décadas que nuestro país cuantifica este indicador. Para poderlo comparar local e internacionalmente se calcula una tasa: número de homicidios dividido entre la población.
Según la Policía Nacional Civil (PNC), en 1986 la tasa era de aproximadamente 20 por 100 mil habitantes. Esta se duplicó a partir de 2004, llegando a su pico en 2008 con una tasa de 43/100 mil. Luego se inició un descenso, y actualmente se cuenta con una tasa de 34/100 mil. La pregunta que todos nos hacemos es ¿qué ha hecho la diferencia?
Recientemente la empresa RTI International con el financiamiento de USAID presentó el estudio “Factores que afectan el índice de homicidios en Guatemala 2000-2013 para los municipios de Guatemala, Mixco y Villa Nueva”. Estos tres municipios muestran índices decrecientes en los últimos años desde 2009: Mixco 43%, Guatemala 37% y Villa Nueva 24%. El estudio presenta un enfoque sistemático para explicar la tendencia a la baja, y considera factores a nivel macro, micro y el ámbito del sistema de justicia penal.
A nivel macro se evaluaron las condiciones económicas, los patrones demográficos, el gobierno local, las organizaciones comunitarias y las mejoras en respuestas del régimen fuera del sistema de justicia penal. A nivel micro se analizaron la disponibilidad y la letalidad de las armas, las pandillas callejeras, el crimen organizado, las organizaciones locales de seguridad, los mercados y/o consumo de drogas. Y, por último, en el ámbito de la justicia se consideraron la presencia de la policía en la comunidad, la colaboración interinstitucional, la nueva legislación y las reformas al sistema de justicia penal, la tecnología policiaca emergente y la gravedad del castigo y la penología.
Aunque aún no ha circulado el estudio completo, el resumen ejecutivo presenta una serie de recomendaciones; sin embargo, deseo referirme a las que se consideran prioritarias: a) lograr la participación del gobierno local, su transparencia y rendición de cuentas ante la opinión pública y focalizarse en optimizar áreas donde las alcaldías puedan incurrir en una mayor corrupción; b) reforzar la colaboración interinstitucional, especialmente entre la PNC, el Ministerio Público, el Inacif y el Ejército de Guatemala, y adicionalmente, mejorar los datos relacionados con justicia penal, técnicas de análisis e intercambio de información entre los organismos, especialmente para la toma de decisiones y el diseño de política pública; y c) promover las actividades de prevención de la violencia y el crimen dirigidas de los jóvenes, para aumentar la concientización en ellos respecto de la reducción de la violencia y la formulación de planes y políticas locales de prevención de la violencia juvenil.
Esperamos con mucho entusiasmo el detalle del estudio que presenta luces para reducir los homicidios en Guatemala.