María del Carmen Aceña

Autoridad y Estado de Derecho.

 María del Carmen Aceña Investigadora Asociada CIEN María del Carmen Aceña
Investigadora Asociada
CIEN

Nuestra Constitución es un conjunto de reglas mínimas que nos guían como República. Independientemente de que uno esté de acuerdo o no con el articulado, debemos de respetar las normas allí establecidas. Luego de la Constitución contamos con leyes aprobadas por el Congreso, seguidas en jerarquía por los acuerdos gubernativos, ministeriales y otros.

Opino que el tema de la autoridad es un desafío en nuestro país. De nada nos sirve todo el andamiaje legal si las reglas no se cumplen ni se respetan. En política y en futbol todos sabemos lo que los otros deben hacer; sin embargo, siempre vamos a requerir de instancias, instituciones o personas que ejerzan la autoridad.

El diccionario de la RAE define autoridad de seis formas distintas, la primera dice: “poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho o de derecho.”

Si deseamos ser un país serio, deberíamos buscar la autoridad por la vía del derecho. Buscamos un verdadero Estado de Derecho, definido este como el imperio de la ley, de aplicación universal e impersonal. Al respecto deseo comentar dos hechos importantes de los últimos días: 1) el paro de los maestros por el aumento salarial y 2) la decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) respecto de la fecha de elección del Fiscal General.

En el primer caso, la autoridad reconocida legalmente para dirigir y tomar decisiones en materia de educación es el Ministerio de Educación; sin embargo, en los últimos años algunos líderes sindicales, a través de medidas de hecho –bloqueos, marchas, toma de oficinas y ausencia en las aulas– pretenden dirigir los recursos destinados a este campo.

A pesar de que oficialmente el ciclo escolar iniciaba el 14 de enero, el sindicato decidió que fuera hasta el 10 de febrero. En esta oportunidad fue el colmo, luego de que el Congreso de la República aprobara la ampliación presupuestaria para el aumento salarial el pasado jueves 30 de enero, aún exigieron un documento –firmado por el Gobierno– como condición para iniciar clases.

El problema más grande es que los responsables de la educación del país son los funcionarios, y lamentablemente contamos con un sistema que no le brinda la autoridad suficiente. ¿Qué indica el procedimiento legal? Penalizar al maestro que no se presentó el día indicado por las autoridades, sancionar a los responsables del bloqueo y otorgar el aumento salarial basado en las políticas y la disposición de recursos. Proceso que estuvo ausente. Adicionalmente, no se respeta la división de poderes, ya que varios miembros del Congreso pretenden dirigir el Organismo Ejecutivo en esta materia.

Respecto de la elección del fiscal general, donde hay dos tesis en disputa: a) la primera, que la fiscal se quede cuatro años, o sea hasta diciembre, contados desde el día que fue nombrada por el Presidente de la República por acuerdo gubernativo; y b) que concluya su mandato en mayo, para cumplir con la alternancia del periodo de cuatro años, como lo establece la Constitución y uno de sus artículos transitorios de las reformas de 1993.

A la Corte de Constitucionalidad le corresponde resolver este dilema, sobre el cual ya se ha pronunciado provisionalmente al respecto, donde sus magistrados en forma unánime han instruido al Congreso a conformar la comisión de postulación con vista a elegir en mayo al nuevo fiscal.

Este tema indudablemente despierta muchas pasiones y opiniones, argumentos a favor y en contra, oportunidad que por medio de discusiones serias respecto de nuestra Constitución y sus alcances debemos aprender, para finalmente respetar la institucionalidad y aceptar la sentencia de la Corte. Lo más complejo que nos podría suceder es que instituciones nacionales o internacionales, grupos o personas, “ideologicen” el tema, y actúen con medidas irracionales y de hecho, para imponer su conveniencia o su tesis, lo que perjudicaría al Estado de Derecho.

En conclusión, si tenemos reglas sigámoslas, respetemos a las autoridades legales y no pretendamos ser árbitros y jugadores al mismo tiempo. ¿Está dispuesto a defender el Estado de Derecho? ¿Qué opina?