María del Carmen Aceña

María del Carmen Aceña
Investigadora Asociada
CIEN

Un Estado existe al poseer un territorio, una población que habite dicho territorio y un poder político que se ejerza sobre la población y el territorio. Nuestra Constitución señala que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común.

Son deberes del Estado garantizarles a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Y, al tener un sistema republicano,  los jefes del Estado –quienes dirigen distintas instituciones de gobierno (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, municipales, órganos de Control y otros)– se escogen por elección ya sea en forma directa mediante el voto, o indirectamente. En principio el poder reside en el pueblo.

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Aspiramos a lograr un Estado con un marco institucional que le permita responder a las necesidades de la sociedad a lo largo del tiempo, independientemente de las circunstancias de un momento determinado. Debiera ser flexible a los cambios, pero firme en principios, de beneficio para todos.

Es importante que escojamos personas capaces y probas para que nos dirijan; sin embargo, la evidencia muestra que los marcos institucionales y los sistemas administrativos son importantes para lograr un buen resultado. Un estudio reciente del CIEN señala que el lento desempeño de la economía guatemalteca, los pocos avances en los desafíos sociales, los retrocesos en materia de seguridad, el aumento en la percepción de la corrupción y la falta de transparencia tienen sus orígenes principalmente en las características institucionales básicas que definen nuestro Estado, que no  permiten la implementación de políticas públicas efectivas y eficaces.  Esto demanda de urgencia modernizar o cambiar la institucionalidad del país.

¿Cómo se hace? Al menos con dos acciones: redefiniendo el rol del Estado en la sociedad e implementando procesos de cambio en la administración pública, en especial de las “macronormas” de aplicación transversal como la administración del servidor público, la compra y las adquisiciones del Estado, la debida planificación, el presupuesto de los recursos y su fiscalización.

Analicemos dos macronormas: a) la Ley de Servicio Civil y b) la de Contrataciones del Estado. La Ley de Servicio Civil data de 1968. Esta debería regular las relaciones entre la administración pública y sus servidores, con el fin de garantizar su eficiencia. Además premiar el mérito. Resulta que el Legislativo, el Judicial, las municipalidades y otras dependencias cuentan con sus propias leyes; y la mayoría de los trabajadores del Ejecutivo, está fuera de esta ley (los maestros, los policías y el ejército).

Se considera que esta ley se aplica en menos de una cuarta parte de los empleados públicos. Adicionalmente la suscripción en los últimos años de varios pactos colectivos con los sindicatos en distintas instancias públicas ha dado como resultado aumentos salariales masivos anuales, sin evaluación de desempeño y con grandes presiones fiscales. Por el otro lado, la Ley de Contrataciones del Estado –que ha sido parchada en los últimos años una y otra vez– igual no es de aplicación general, pues las modalidades de excepción, principalmente a través de fideicomisos y las compras por excepción, son las más practicadas.  Por ejemplo, en el año 2010 el 84% del valor de las adquisiciones públicas se contrató bajo procedimientos de excepción.

Estas dos leyes, al igual que otras, son muy importantes de modificar. Se sugiere estudiar por qué la excepción se ha convertido en regla, cuáles son los obstáculos de las mismas y qué podemos aprender de otros países. Diseñar y aprobar normas de aplicación general que premien el mérito, la transparencia y la gestión por resultados son apremiantes para el buen desempeño del Estado.