María del Carmen Aceña

Quien con luz se pierde

 María del Carmen Aceña Investigadora Asociada CIEN María del Carmen Aceña
Investigadora Asociada
CIEN

Si algo recordamos del gobierno de Jorge Serrano fue la crisis de energía eléctrica. Debido a esta, a partir de 1994 se logró la reestructuración del sector, con el objeto de aumentar la cobertura eléctrica y mejorar la calidad del servicio a precios eficientes. Los principios de los cambios fueron la subsidiariedad del Estado, la desmonopolización del sector y la libre competencia.

Las reformas iniciaron con la eliminación del monopolio del INDE, continuando con el establecimiento de un nuevo marco normativo –la Ley General de Electricidad–, la instalación de un ente regulador (la Comisión Nacional de Energía Eléctrica –CNEE–) y la desincorporación de activos.

También se creó el Mercado de Mayoristas. Por medio del Sistema Nacional Interconectado se instituyó una red eléctrica que hace posible la entrega de energía al usuario final.

Esta consta de generadores de energía, líneas de transmisión y distribución, subestaciones y centros de transformación hasta llegar al consumidor. La facturación por uso de energía lleva un proceso y los precios se ajustan trimestralmente según la economía y los precios de los combustibles a nivel internacional.

Dos décadas más tarde la cobertura de energía se ha incrementado de 52% a 83% y el consumo interno se ha duplicado por giga vatio hora (GWh).

El principal desafío que se encontró después de promulgar la Ley fue los altos costos de los contratos firmados con los generadores privados y los distribuidores previos a la ley, los cuales tenían una vigencia hasta 15 años. A medida que se vayan modificando las fuentes de generación hacia hidroeléctricas, biomasa y carbón (renovables), sustituyendo al búnker y el diésel, será más económica la energía.

En este sentido la reciente licitación abierta impulsada por la CNEE es positiva. El mercado es abierto, bastante competitivo, con más de 50 generadores, y se perfilan muchas oportunidades. Por ejemplo el costo de compra de Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A., significará una disminución de 30% de la tarifa actual.

Importante señalar que existe un subsidio estatal de Q1,300 millones, por medio de la Tarifa Social, la cual reduce el precio para el consumidor. Este se aplica a usuarios que consuman 300 KWh o menos de esta cifra, en un periodo de facturación mensual, o que tengan un consumo promedio diario de hasta 10 KWh. Actualmente esta tarifa cubre al 94% de los de 2.6 millones de usuarios, por lo que la mayoría de los consumidores no paga el precio real.

Por el lado de la distribución se cuenta con EEGSA y las distribuidoras de occidente y oriente (Deocsa y Deorsa) agrupadas en Energuate. Esta empresa tiene dificultades, ya que debido a una serie de grupos en diferentes departamentos que hurtan el fluido eléctrico e impiden el mantenimiento a las redes de distribución no ha podido cobrar ni dar sus servicios.

Muchos de estos grupos, especialmente el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), andan abogando por la nacionalización del servicio. Algunos de sus líderes han sido acusados por acciones ilegales contra la propiedad privada y el hurto de los servicios de la empresa. Según datos de Energuate, la deuda acumulada por energía robada e impacto es más de Q320 millones.

¿Qué hacemos? Inicialmente, se recomienda tener paciencia. Los precios bajarán en los próximos años con las nuevas ofertas de generación. Seguidamente es indispensable revisar la Tarifa Social, para que realmente beneficie a los más pobres. Por último es urgente aplicar las leyes para generar orden. Bajo ningún aspecto debiera permitirse el robo de servicios por particulares agenciándose en forma ilegal de fondos. Nacionalizar el servicio sería un gran retroceso.