MARÍA DEL CARMEN ACEÑA

¿PRIVADOS DE LIBERTAD?

 María del Carmen Aceña Investigadora Asociada CIEN María del Carmen Aceña
Investigadora Asociada
CIEN

Todos estamos preocupados con la situación que vive nuestro país respecto del tema de seguridad. “A esos delincuentes que los metan a la cárcel” es el clásico comentario, pensando que así se resuelve el problema. La semana pasada la policía reportaba que en lo que va del año 1,119 menores de edad han sido capturados por sospechas de diversos delitos, entre ellos asesinato, extorsión y robo. Además se cuenta con más de 900 reclusos nuevos en las cárceles.

El sistema de seguridad y justicia es el encargado de privar de libertad a las personas mayores de edad que comenten delitos. Luego de que la policía detiene al individuo se lleva a cabo el debido proceso en los Tribunales de Justicia, hasta que se dicta sentencia. Este proceso puede durar años. El último en la cadena de justicia es el Sistema Penitenciario (SP) que depende del Ministerio de Gobernación. De 2008 a la fecha se ha duplicado el número de privados de libertad de 8,204 a 16,070. El 91% son hombres y la mitad está pendiente de juicio, o sea no han sido condenados. El SP administra 22 centros, con una tasa de hacinamiento de 230%. A pesar de que la tasa de homicidios es alta en Guatemala, la tasa de privados de libertad es baja (98 por 100 mil habitantes) mientras que en Nicaragua es 138, la de Costa Rica, 314 y en Estados Unidos, 716.

Ahora bien, si la persona es menor de edad se le aplica la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, la cual norma el proceso de menores en conflicto con la ley penal. Esta se aplica a jóvenes entre 13 y menos de 18 años en el momento de cometer el hecho delictivo. Se declaran sanciones de privación de libertad únicamente si no es posible otro tipo de medida. En caso de prisión preventiva el tiempo máximo es de dos meses, mientras que en el caso de sanción para adolescentes de 13 a 15 años es de dos años y en caso de adolescentes de 15 a 18 años es de 6 años. El año pasado había 709 jóvenes en este proceso, con una tasa de ocupación del 142% en promedio, distribuidos en cuatro centros. Casi el 40% de esos jóvenes son mayores de edad, pues cumplieron sus 18 años en el centro. La Secretaría de Bienestar Social está a cargo de este sistema.

Lo que se busca con ambos sistemas es que luego de que una persona esté privada de libertad se rehabilite o se resocialice, sin embargo, esto no está sucediendo. Se sabe que en el caso de los jóvenes no todos estudian y en relación a los adultos, lejos de aprender y mejorar para vivir con dignidad, son instruidos por sus compañeros expertos en delinquir. A pesar de tener marcos legales modernos, estos no se aplican. El SP carece de control y orientación. Algunos centros son administrados por los propios reos y se dan negocios particulares en varios de estos.

Muchas de las extorsiones se llevan a cabo desde las prisiones -60% según el Ministerio Público en 2011. Y lo que se observa es que más de la mitad terminan reincidiendo.

¿Qué hacer? Lo importante es renovar los sistemas: profesionalizar a sus trabajadores, mejorar la infraestructura y lograr el control de los centros por medio de tecnología de punta. Alcanzar trabajos dignos para los privados de libertad es un tema importante, el cual abordaremos en otra oportunidad.

Reflexión

“Muchas de las extorciones se llevan a cabo desde las prisiones”. Maaría del Carmen Aceña