A principio de los noventa se implementó una nueva “política social” en Guatemala, mediante la creación de fondos de inversión social. Estos eran transitorios, argumentando su urgencia para llegar a la extrema pobreza, en lo que se modernizaban los ministerios sociales y de infraestructura, así como las leyes que normaban al Estado (servicio civil, compras y contraloría). Se prometían nuevos modelos de gestión, descentralizados y con sistemas de monitoreo y rendición de cuentas. Se crearon y promocionaron los Consejos de Desarrollo como un sistema de participación ciudadana en el manejo de la obra pública.
Varias décadas pasaron y lejos de mejorar la administración pública, esta se enredó más. Se proliferaron los fondos sociales, los Consejos de Desarrollo se desvirtuaron, los ministerios perdieron su rectoría y muchos alcaldes edificaron obras sin evaluar. Además, se iniciaron una serie de programas asistencialistas, compensatorios, emergentes, desarticulados, focalizados en sectores sociales específicos. Ejemplos: entrega de fertilizantes, subsidios a servicios públicos, pagos a los patrulleros, la firma de pactos colectivos, las transferencias condicionadas, las bolsas de alimentos, y recién la entrega de animales vivos –coches, gallinas y cabras. Varios de estos programas carecen de fiscalización, evaluación de impacto y transparencia.
Lamentablemente estos programas se mantienen y buscan en general satisfacer necesidades de corto plazo –no de desarrollo– y al no modernizarse los sistemas administrativos públicos, han terminado operando como un mecanismo de control del conflicto social y adicionalmente como un instrumento de mercadeo político, ampliando el clientelismo y el populismo.
El clientelismo político promueve procesos de movilización electoral, permitiendo a los partidos distribuir servicios o bienes individualizables y de bajo costo a otras personas a cambio de beneficios políticos partidarios. Éste se relaciona estrechamente con lo electoral, el financiamiento de la política y la corrupción. Se reparten servicios o puestos públicos a cambio de lealtad política o electoral. Se hacen negocios con fondos públicos y se sobre valúan obras para lograr rentas. Además la ejecución del presupuesto termina favoreciendo a unos cuantos.
Tristemente el clientelismo está dominando nuestra vida política. Para cambiar, “una motivación genuina de servicio es lo único realmente eficaz”, me decía un amigo. Sentido del deber y del honor –no del miedo a la cárcel– será lo que nos transformará. Imperante volver a descubrir el concepto de lo público, el orgullo de servir, el amor a la patria y la solidaridad.
Una carrera administrativa que dependa de los méritos y no de padrinazgos políticos, salarios competitivos; estímulos simbólicos o monetarios por el buen desempeño, refuerzos al sentido pertenencia, compromiso con la institución y con el ideal del servicio, son indispensables. El diseño y puesta en marcha de sistemas de gestión eficientes basados en resultados y evaluación de proyectos, con procesos transparentes y rendición de cuentas, será la futura tarea para acabar con el clientelismo político. ¿Qué partido político propone este cambio?
