María del Carmen Aceña

Prevenir, no lamentar

 María del Carmen Aceña Investigadora Asociada CIEN María del Carmen Aceña Investigadora Asociada CIEN

El fenómeno de la violencia e inseguridad ha aumentado durante los últimos años en nuestro territorio. Actualmente 6 de cada 10 guatemaltecos se refieren a la inseguridad como el problema más importante del país.

La más grave manifestación de la violencia es el homicidio, que en la década pasada alcanzó niveles alarmantes en nuestro país. Hoy mueren más personas por la violencia que durante el conflicto armado.

La tasa de homicidios de Centroamérica es la más alta del mundo: 41 por cada 100,000 habitantes, teniendo Honduras la mayor con 92/100,000 habitantes y Costa Rica la menor (9/100,000). Guatemala cuenta con una tasa de 39/100,000, perdiendo cada dos horas a una persona, que en su mayoría es hombre, joven, que vive en áreas urbanas, localizado en 7 departamentos.

La seguridad es un tema complejo, ya que, además de las influencias externas, internamente depende de varios órganos del Estado. Parte de una buena política de prevención, seguido por una estrategia de resolución de conflictos.

Una policía profesional será indispensable, así como contar con técnicas de investigación e instrucción. Adicionalmente se requiere un Ministerio Público eficiente y un Organismo Judicial eficaz. Será necesario un Sistema Penitenciario que cumpla con su mandato de privar de libertad a los que han cometido delitos y lograr su rehabilitación.

También habrá que tomar en cuenta a las instituciones de inteligencia, al Ministerio de la Defensa Nacional, a las municipalidades y el papel del Consejo Nacional de Seguridad. Complementariamente el Congreso tiene un rol muy importante en lograr la ley y el orden.

Como dice el viejo dicho “más vale prevenir que lamentar”, el tema de la prevención de la violencia debería ser abordado como primer paso. Se han encontrado algunos factores de riesgo que están relacionados con el crimen: violencia intrafamiliar, consumo de drogas, tener familiares en prisión o amistades en pandillas, haber vivido episodios anteriores de violencia, estar en unión libre y tener hijos, o vivir en hogares monoparentales.

A lo anterior se une una serie de características del entorno de los victimarios como acceso a educación de baja calidad, crecimiento urbano desordenado que genera hacinamiento y falta de acceso a servicios públicos adecuados; abundancia de armas de fuego, pobreza relativa, vivir en las fronteras y una cultura que opta por la violencia para resolver los conflictos.

Todos somos responsables de prevenir. Inicia con cada persona, seguido por las familias y los barrios. El Estado debería complementar acciones para prevenir. En Guatemala no existe una política pública evidente, coherente y dedicada a la prevención del delito. En ese sentido es inaplazable la puesta en marcha de una política pública con acciones y programas concretos –especialmente dirigido a jóvenes.

Pareciera que este tema se aborda tan solo en forma mediática. Han sido varios años de propuestas de distintas instituciones de la sociedad civil y organismos internacionales, sin embargo poco se avanza al respecto. ¡Urge actuar!