Luis Felipe Valenzuela

El video

Escritor, periodista y director general de Emisoras Unidas 89.7 @lfvalenzuela

La bajeza de hacer público el video de Luis Reyes Mayén supera, por mucho, lo que se ve en sus muy comprometedoras imágenes. Es la acción política más infame que he presenciado en mi vida periodística. Solo un asesinato supera semejante oprobio.

Y aunque ello no excusa la conducta inaceptable del ex presidente del IGSS, lo hace ver casi como víctima en relación con el ruin recurso utilizado para desprestigiarlo.

El Gobierno debería de ser el más interesado en determinar quién es el responsable de una maniobra tan sórdida, porque, mientras se averigua, la administración de Otto Pérez Molina carga con el descrédito de la sospecha.

Y el Presidente lo que menos necesita es perder la cauda de respeto que aún le queda entre algunos formadores de opinión, pese al porcentaje todavía alto de popularidad que le confieren las encuestas. Porque dándole un enorme beneficio de la duda, si gente a su servicio se ocupó de esa deleznable operación, lo mínimo sería que la denunciara e hiciera lo que corresponde para que se le procese.

Esto en función de que en el futuro no lo condene la “cadena de mando”. Sería un verdadero alivio que el líder del Ejecutivo liberara cualquier duda que lo implique en haber puesto a circular ese video. Me cuesta creer que Pérez Molina pudiera haber aprobado una ignominia de ese calibre. Pero no lo dudo de varios de sus colaboradores. El asunto es mucho más peligroso de lo que parece.

Y el Ministerio Público tendría que jugar un papel clave en un momento así. Clave y proactivo. En esta ocasión no puede permanecer cruzado de brazos a la espera de una denuncia formal. El o los culpables de esta sucia pasada no pueden quedar impunes. Por el sistema. Por la democracia misma. Por el futuro del país. Y Reyes Mayén, sin esperar mucho, debería hablar y asumir lo que le toca.

Su vida, ya destrozada por este terrible episodio, no puede estar peor. Y dando la cara quedaría menos mal que ahora, pues si se aprovechaba de su posición para obtener favores de subalternas, como las crudas imágenes nos sugieren, su pecado ya sufrió suficiente castigo.

Y si se comprueba que detrás de su presidencia en el Seguro Social hay corrupción, como también los reportes de prensa lo indican, su destino se complica. Sin embargo, antes hay que probar si hubo o no malos manejos. Con un debido proceso; sin dados cargados.

La presunción de inocencia prevalece ante cualquier oportunismo doloso de los interesados. Porque no hay que perder de vista que el IGSS ha sido botín para quienes detentan el poder en Guatemala. Es el mayor comprador de medicinas del Estado. Sus más de 20 millardos en los bancos son apetecibles en exceso. Oportunidad de negocios turbios hay.

Ahora bien, volviendo a lo del video, si de algo puede servir este bochornoso incidente es para evitar que un hecho tan despreciable vuelva a ocurrir. Insisto: lo de Reyes Mayén, tal y como se plantea por el momento, hace ver más villano a quien colgó las imágenes en You Tube que al mismo protagonista éstas.

Además, el atropello a la vida de las mujeres que aparecen ahí es un vejamen en cuya autoría comparten “créditos”, tanto el ex presidente del IGSS –por grabarse–, como quienes se agenciaron del material por medio de intervenir su teléfono, o bien su computadora personal. No me trago que Reyes Mayén haya “dejado” ese tipo de rastros en su oficina y que el noble sindicato los haya hecho llegar a las manos precisas.

Pero si fue así, igual es indefendible esta difusión alevosa. Por el momento, el video ha servido para desviar la atención de los “clavos” gubernamentales (Puerto Quetzal, publicación en “El Periódico”, Fonapaz, violentar la autonomía del IGSS, etc.).

El presidente Otto Pérez Molina no puede permitirse que nadie piense, ni por un instante, que él estaba al tanto de esta bajeza. Sería sumamente grave para su prestigio. Muy grave. Videos debe haber más.

El hackeo de cuentas de correo o la muy “tradicional” intervención de teléfonos, que hemos considerado “normales” en este medio, no son aceptables. La justicia debe ser implacable en este sentido.

Porque si no se hace algo ejemplar para abortar este vil recurso de chantaje político, el sistema no aguantará con lo que venga.