Columna el lector

Alumbrado público: un tema de seguridad nacional

Ing. Edgar R Pereira Santis.
EPS Consulting
El alumbrado público se remonta a más de dos siglos de historia, siendo una necesidad de prolongar las horas de día y la seguridad ciudadana.

Ha sido históricamente una responsabilidad de las municipalidades, encargadas de la compra de lámparas; y de las empresas distribuidoras, encargadas de su instalación, mantenimiento, sustitución y cobro de la tasa.

Las primeras basan la prestación del servicio en los artículos 68 y 72 del Código Municipal, cobra una tasa que debe ser fijada conforme a costos de operación, mantenimiento, mejoramiento de calidad y cobertura de servicios.

En 1996, se decretó la Ley General de Electricidad, el artículo 96 del reglamento da potestad a la CNEE de autorizar la inclusión de la tasa por alumbrado público en la tarifa, previo acuerdo del distribuidor y las municipalidades.

La CNEE solo autoriza la inclusión de las tasas en la tarifa de energía eléctrica.

Desde el año 2009, se han tenido problemas entr las comunidades de Coatepeque y Malacatán, y la distribuidora Deocsa.

Los usuarios de Malacatán se resistieron al pago de la factura por energía consumida. Cerraron carreteras, impidieron la movilidad de las personas y acrecentaron los riesgos de seguridad, atendidos por las fuerzas encargadas de la seguridad ciudadana.

En octubre del 2012, se dieron los incidentes de la Cumbre de Alaska, que produjeron las muertes de ocho personas y 34 heridos.

El alumbrado público garantizan la seguridad de los ciudadanos y los vehículos que transitan. Tiene incidencia directa en la prevención de los delitos.

Es un servicio que debe ser administrado, coordinado y regulado por el ente encargado de la seguridad nacional: el Ministerio de Gobernación.