Presentan iniciativa de ley que busca penalizar a quienes comercialicen datos personales

Las penas que se aplicarían a quienes incurran en irregularidades van de uno a seis años de cárcel.

Por Joel Maldonado

El diputado Ronald Arango, del bloque TODOS, presentó hoy una iniciativa de ley con la cual busca penalizar a quienes comercialicen información privada de las personas.

Se trata del proyecto que pretende reformar el artículo 274 del Código Penal, lo cual permitiría la aplicación de penas de hasta 6 años de prisión para quien cometa irregularidades en el manejo de los datos personales.

Esta iniciativa se presentó considerando que es necesario garantizar la certeza jurídica, fundamentalmente la que se relaciona con el derecho a la privacidad y evitar que las empresas comercialicen la información de los guatemaltecos.

De igual forma, tomando en cuenta la ausencia de la legislación penal que prohíba la práctica del uso de datos personales sin la debida autorización de las personas, lo cual según el legislador, resulta en la vulneración al derecho a la privacidad.

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Expresa preocupación

En conferencia de prensa, Arango señaló que en la bancada morada existe preocupación debido a que hay empresas que se dedican a la comercialización de datos personales y mantienen registros prohibidos particulares de los guatemaltecos.

“Esa información es consultada por los patronos y bancos para poder conocer la situación de cada ciudadano. Esto no le permite a la gran mayoría de los guatemaltecos poder accesar a un trabajo u obtener algún crédito”, aseguró.

 

Reforma

Con la modificación propuesta, el artículo 274 “D” del Código Penal quedaría de la siguiente manera:

“Registros prohibidos: Se le impondrá la pena de prisión de un año a seis años y multa de cinco mil a veinticinco mil quetzales, a quien, por cualquier medio, sin la debida autorización expresa y escrita del titular de los mismos, compilare, sistematizare, guardare en archivos o bases de datos, escritos, digitales o de cualquier forma, información que no provenga de registros públicos”.

“La misma pena será aplicada a quien los suministrare. La pena será aumentada en una tercera parte, si la información obtenida sin la autorización debida, además fuera usada para ser comercializada y se obtuviera cualquier tipo de beneficio económico”.

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