Diputados analizan proyecto de presupuesto 2018 y opinan acerca del “pacto de corruptos”

Los entrevistados señalaron que es "justificada" la indignación generada en la ciudadanía por acciones de algunos legisladores, y recordaron lo que vivieron el 15 de septiembre, cuando se hicieron manifestaciones frente al Parlamento.

Por Nancy Alvarez

La situación actual de Congreso de la República y el panorama que se vislumbra para el resto de noviembre en ese Organismo, así como las consecuencias de la aprobación del denominado “pacto de corruptos”, fueron los temas analizados hoy en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.

Como invitados en cabina participaron los diputados: Juan José Porras, de la bancada Visión con Valores (Viva); Carlos Chavarría, de Compromiso, Renovación y Orden (Creo); y Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala (EG).

¿Se aprobará el Presupuesto 2018?

El proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2018 está siendo analizado en la Comisión de Finanzas del Congreso. La propuesta presentada por el Ejecutivo asciende a Q87 mil millones; sin embargo, hoy los entrevistados consideraron que así como está planteado no sería aprobado.

A criterio de Chavarría, “es muy riesgoso el sobreendeudamiento” que incluye el proyecto. Además, se refirió a que contempla la recaudación de Q10 millones más de impuestos que la meta fijada para 2017, lo cual ve inviable tomando en cuenta que la economía está a la baja. De igual forma, resaltó la baja ejecución de la mayoría de las entidades públicas.

“Así como está en casi Q88 mil millones no vale. (Si no se modifica) lo que más conviene es quedarse con el presupuesto que está vigente”, dijo el parlamentario de Creo.

Y Porras argumentó que “si la Comisión de Finanzas no le da dictamen favorable, el 30 de noviembre a las 12 de la noche tendremos presupuesto, pero el que está vigente actualmente”.

A criterio del legislador de Viva, llama la atención los temas de la recaudación y del techo presupuestario. También mencionó que en lo referente al listado geográfico de obras “lo más sano es tratar de no tocarlo” y dejarlo como la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) lo envió.

Montenegro coincidió en que existe baja ejecución en el Ejecutivo, pues explicó que hasta ahora el promedio es de 62%, lo cual corresponde a gastos de funcionamiento, incluidos los salarios.

“El Ministerio de Desarrollo no llegó ni al 25% de ejecución, y el de Comunicaciones no alcanzó ni el 36%”, aseguró para citar algunos ejemplos.

Según la legisladora de EG, la inversión en obra pública es mínima. “El dinero se está yendo en puro gasto, pero no se le devuelve a la población”, dijo.

A criterio de Montenegro, debe haber un reacomodo del presupuesto para 2018, por lo cual Encuentro por Guatemala presentará en los próximos días una contrapropuesta que permita que este sea más equilibrado, que no endeude al país, y que sea realista en lo que va a ingresar de los tributos, “porque la SAT solo dos veces ha cumplido y superado la meta”.

¿Qué ha ocurrido en el Congreso luego el “pacto de corruptos”?

En septiembre pasado, el Congreso aprobó reformas al Código Penal, por medio de las cuales se retiraba la responsabilidad de los secretarios generales de los partidos políticos, si en caso existiera financiamiento electoral ilícito, y se les trasladaba a los contadores de los partidos; además, se contemplaba la conmutación de penas para múltiples delitos.

Esta situación generó rechazo en la población y fue motivo de manifestaciones ciudadanas, en las cuales se solicitaba la renuncia de los parlamentarios que respaldaron lo que se conoció como “pacto de corruptos”. Finalmente, en una sesión realizada el 15 de septiembre, el Congreso dio marcha atrás y archivó ambos decretos para que no nacieran a la vida.

Al ser cuestionados acerca de qué han observado en el Organismo Legislativo luego de esta situación, los legisladores coincidieron en que “se siente la adversidad” que se generó.

En redes sociales y en las manifestaciones se ha expresado una “severa crítica”, que a criterio de Chavarría ha sido “justificada”, pues considera que con haber aprobado las reformas se quiso bloquear la lucha contra la corrupción que se inició en 2015.

“En la capital es cuesta arriba el trabajo del Congreso porque se siente la adversidad”, expresó.

De acuerdo con Porras, “sin duda” es bien conocido dentro del Legislativo que la popularidad actual es poca, pues considera que la percepción ciudadana se hace llegar inmediatamente en redes.

Mientras que Montenegro opinó que esos decretos que fueron aprobados “eran verdaderamente vergonzosos y borraban totalmente el capítulo de administración pública sobre corrupción, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita, por lo cual se generó una indignación muy fuerte.

“Gracias a la presión social se dio marcha atrás en las próximas 48 horas siguientes”, aseguró la diputada de EG.

Montenegro añadió que “la gente está molesta e incómoda”, y la convocatoria para una movilización ciudadana esta semana, que incluiría presencia frente al Congreso y en algunas plazas centrales, “demuestra que la inconformidad continúa”.

El día en que el Congreso dio marcha atrás

Chavarría aseguró que está de acuerdo con las manifestaciones de rechazo de parte de la ciudadanía, pero no con que los diputados hayan tenido que permanecer “encerrados” en el Congreso ese 15 de septiembre.

“Había gente ingiriendo licor” y podían “desbordarse las pasiones”. “Un humano cuando está solo es muy inteligente, y cuando está en grupo se vuelve más difícil de tratar”, resaltó el legislador de Creo.

En tanto, Porras dijo que vivió “una experiencia bastante complicada”. “Fue duro, no se esperaba un encierro como el que tuvimos ese día”, indicó.

Y recordó que los ciudadanos expresaron su rechazo desde el momento en que los parlamentarios ingresaron al Congreso para participar en la sesión.

“Fuimos insultados y hasta escupidos por un descontento en general”, señaló, al referirse a que incluso se mostró el descontento contra quienes no respaldaron el “pacto de corruptos”.

“Fue un momento difícil a todo nivel, independientemente de la forma en que cada uno votó. No se debe meter a todos en un costal y generalizar”, consideró Porras, y agregó que quizá sí debería darse una reforma al Código Penal en el tema de financiamiento ilícito, pero que “la forma en que se planteó (en septiembre) fue poco adecuada”.

En tanto, Montenegro consideró que fue un derecho de la población el haberse manifestado “con toda la indignación del caso”, pero señaló que “la gente indignada legítimamente” estuvo en las afueras del Congreso hasta las 20:00 horas y luego se fue. “Después llegaron otros y ahí ya había infiltrados. Fue muy extraño y ya se llama infiltración”, mencionó.

Temas pendientes

Los diputados entrevistados hicieron referencia a que existen temas importantes que están pendientes y se les debería dar seguimiento.

Chavarría mencionó entre ellos las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y aseguró que él es parte de la Comisión de Asuntos Electorales, que actualmente analiza el tema.

Señaló que esa sala legislativa decidió esperar hasta tener las propuestas de parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para emitir un dictamen.

Asimismo, se refirió a que hay cambios que no ve viables “en tiempo y forma”, entre estos, el voto nominal y que con 500 afiliados se forme un partido político.

Para el diputado de Viva, entre los temas importantes que hay que impulsar está la Ley de Servicio Civil.

Y Montenegro añadió que debe hacerse un esfuerzo para cambiar el rumbo del Congreso. “Hace falta reformar la Ley contra la Tortura, porque desde hace 9 meses está dando vueltas”, así como lograr avances en cuanto a la iniciativa de ley de creación de bancos genéticos de agresores sexuales, resaltó.

Asimismo, la legislador recordó que hay leyes positivas que han sido aprobadas: Ley de Seguridad Alimentaria, reformas al Código de Comercio, Ley de la Carrera Judicial y Ley de la Policía Nacional Civil. Y lamentó que no se haya aprobado aún las reformas constitucionales al sector justicia.

Elección de junta directiva y uso de la ley de Compras

Por aparte, Chavarría, Porras y Montenegro coincidieron en que la Ley de Compras y Contrataciones fue reforzada para tener mayores controles, y que el motivo de la baja ejecución de parte de las entidades estatales es que no saben utilizarla.

“En cuanto a la capacidad administrativa en el Ejecutivo hay mucho que desear”, refirió Chavarría.

El diputado de Viva detalló que entidades de Gobierno han pronunciado que tal legislatura es un obstáculo, pero que quizá es por desconocimiento o porque se trata de “una forma más dura de contratar “que se les ha dificultado y les ha dado miedo firmar” para los diferentes proyectos, porque consideran que ello “significaba un pie adentro de la cárcel”.

Según Montenegro, esta ley ha servido para que “se escude la incapacidad e ineficiencia” en algunas entidades.

Finalmente, en cuanto al tema de la elección de la junta directiva del Congreso para el período 2018-2019, Chavarría aseguró que su integración “debe ser muy escogida”.

Porras opinó que lo ideal sería que los nueve integrantes de la junta directiva fueran de nueve partidos distintos y que se eligiera a los mejores perfiles.

También refirió que el Congreso tiene que ser muy inteligente en esta escogencia para que no se genere la percepción de que esa junta, o algún miembro de la misma, es parte del “pacto de corruptos”.

Por su parte, Montenegro resaltó la necesidad de observar detenidamente cuáles son las planillas que se proponen, “porque hasta ahora solo se ha visto personas”.

“Si de verdad no quieren que digan que hay pactos, que den a conocer su planilla completa, y que tengan una propuesta de agenda legislativa”, dijo la diputada.

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