La CIDH le otorga medidas cautelares al procurador Jordán Rodas

Rodas recibió “información privilegiada” donde se le hacía saber de “posibles acciones en su contra, las cuales habrían sido expresadas por personas vinculadas a los partidos políticos y grupos que han demostrado su orientación pro impunidad en estas coyunturas"

Por EFE

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió otorgar medidas cautelares en favor de Jordán Rodas, titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

El 27 de octubre, la CIDH resolvió conceder este estatus, por lo que "conmina al Estado guatemalteco" a adoptar "las medidas necesarias para preservar su vida e integridad personal" y que se garantice que pueda desarrollar su labor "sin intimidación, amenazas y hostigamiento".

La PDH explicó que fue Rodas el que solicitó las medidas después de que el pasado mes de agosto empezara a ser víctima de ataques, tras interponer un recurso para paralizar la expulsión del país del jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez.

Medidas cautelares para Jordán Rodas

La solicitud

Rodas interpuso la solicitud el 18 de septiembre al entender que enfrentaba "una situación de riesgo en el desempeño de su cargo", para que el fue electo el 23 de julio y que asumió casi un mes después, el 20 de agosto, momento desde el cuál ha sido objeto de "campañas de desprestigio y descalificación".

El procurador, cuyo hermano mayor "permanece desaparecido", recibió esas amenazas a raíz de su participación en esta investigación por "grupos clandestinos" y "poderes paralelos".

La situación incrementó con su amparo a favor del comisionado de la CICIG y su postura en contra de las reformas al Código Penal, las cuales favorecerían al presidente Jimmy Morales y a los diputados señalados de financiamiento electoral ilícito, además, que conmutaban más de 400 delitos.

Información privilegiada

Se informó que el procurador recibió “información privilegiada” donde se le hacía saber de “posibles acciones en su contra, las cuales habrían sido expresadas por personas vinculadas a los partidos políticos y grupos que han demostrado su orientación pro impunidad en estas coyunturas".

Entre esas acciones estaba una posible destitución, la reducción del presupuesto de la institución para 2018 o amenazas a "su integridad física", una situación ante la cuál el Estado dice que no hay "una relación directa".

En su resolución, la CIDH reitera que los hechos que motivan una solicitud de medidas cautelares "no requieren estar plenamente comprobados, sino que la información proporcionada debe ser apreciada desde una perspectiva (…) que permita identificar una situación de gravedad y urgencia".

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