Exdiputado García Chutá: "Confío en el proceso para demostrar mi inocencia"

Por Kenneth Monzón

El encarcelado y separado diputado Marcelino García Chutá, quien integró la bancada Movimiento Reformador, fue trasladado este lunes a la Torre de Tribunales, en donde brindó declaraciones con relación a su privación de libertad.

El exparlamentario debía comparecer en la Sala Segunda, por una apelación relacionada con la resolución de la jueza que lo vinculó al caso Plazas Fantasma; sin embargo, la audiencia se suspendió por carga laboral.

Resalta inocencia

García se observó delgado y comentó que "lleva 6 meses preso".

"Estoy en (la cárcel) Matamoros. Habemos como 40 y solo nos dejan salir dos horas al sol, de 9 a 11 de la mañana", dijo a Publinews.

"Confío en el proceso para demostrar mi inocencia", aseguró.

Señalamientos

El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) señalan a García Chutá de estar vinculado con actividades ilícitas relacionadas con el manejo de recurso humano durante su gestión en la Junta Directiva entre los años 2014 y 2016.

El exparlamentario estaría relacionado con la contratación irregular de personal y además, con la creación de “plazas fantasma” en el Congreso, actos que le habrían servido para sustraer fondos públicos, según el ente investigador.

El 5 de julio de este año, el MP y la CICIG solicitaron que enfrentara juicio, al igual que los exdiputados César Fajardo Morales y Juan Alfredo Alcázar Solís, quienes también fueron parte de la directiva del Legislativo en el referido período y estarían relacionados con el caso.

En la acusación formal presentada, se detalla que existieron dos modalidades de contratación. Una se llevó a cabo por medio del nombramiento de personal bajo el renglón presupuestario 022, el cual no contaba con los perfil para ocupar los puestos.

Y la otra, por medio de las “plazas fantasma”, ya que los supuestos trabajadores no se presentaban a laborar, incluso se determinó que prestaba sus servicios en otras dependencias del Estado o en empresas propiedad de los legisladores.

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