Afirman que debe realizarse un diálogo, sin excluir a ningún sector, para atender la crisis política en Guatemala

Por Nancy Alvarez

Los temas de la decisión del Congreso de no retirarle la inmunidad al presidente Jimmy Morales, las manifestaciones ciudadanas y la crisis política en general, fueron analizados hoy en el programa A Primera Hora.

Como invitados en cabina participaron Samuel Pérez, secretario general de Semilla; José González Campo, expresidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif); y Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia. Mientras que por la vía telefónica se dialogó con el procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas; y el presidente del Congreso, Oscar Chinchilla.

Los entrevistados coincidieron que debe llevarse a cabo un diálogo para atender la crisis y reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Manifestaciones

González resaltó el hecho de que los ciudadanos guatemaltecos han sido capaces de realizar, en los últimos dos años, movilizaciones en orden y de forma pacífica.

Y, de acuerdo con Pérez, las movilizaciones sociales cobraron auge, pues en 2015 el “paro nacional” fue después de 4 o 5 meses de movilizaciones constantes, pero en la actualidad se tomó “de una vez” y no fue necesaria una serie de manifestaciones previas que duraran ese tiempo.

Pérez consideró que en Guatemala existe una crisis política emanada por el Ejecutivo, la cual fue refrendada por el Legislativo.

“El presidente Jimmy Morales no ha tenido la capacidad de manejar la crisis política que se le vino encima, que él provocó y que además la está agravando más. Su mensaje en la ONU está provocando más crisis y eso es peligroso”, añadió Pérez.

¿Provocación a la ciudadanía?

Durante el programa se analizaron además los pronunciamientos que han tenido los diputados luego del #ParoNacional #20S.

Ayer, el parlamentario Estuardo Galdámez aseguró durante la sesión plenaria que no fueron 50 mil personas las que participaron en las movilizaciones, sino “8 mil”.

Con relación a ello, Pérez opinó que se trató de un "discurso provocador" de parte del legislador. “No solo desafía a la plaza, sino a la ciudadanía que está en contra de la impunidad en general”, resaltó.

Por su parte, González Campo señaló que existe un contraste entre la forma pacífica en que se manifestó la ciudadanía y la “irresponsabilidad” en los discursos de algunos diputados, los cuales a su criterio, “no abonan a la paz y tranquilidad en el país”.

Y, según Ibarra, sí hay desafío para la ciudadanía, y no solo de parte de Galdámez, sino que se han observado otras actitudes de desprecio y descalificación de parte de otros congresistas.

Galdámez también se refirió a que supuestamente lo aprobado la semana pasada en el Congreso era lo mismo que proponían el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Sobre ello, Ibarra explicó que lo que plantearon ambas instituciones hace aproximadamente un año fue una Ley de Aceptación de Cargos.

Esta no se refiere a la conmutación de penas, sino a la creación de un procedimiento que le permitiría a un juez, siguiendo una serie de condiciones, beneficiar con una rebaja de pena a la persona que acepte los cargos y colabore brindando información sobre la comisión de delito y además haga un resarcimiento, dijo la entrevistada.

“Esto que hicieron los diputados (el 13 de septiembre) se trataba de vaciar las cárceles”, aclaró.

Por aparte, se les consultó a Pérez, González e Ibarra si consideraron que hubo “nocturnidad, alevosía y ventaja” al aprobar las reformas, a lo cual respondieron con un contundente “sí”.

El expresidente del Cacif expuso que al aprobar las reformas al Código Penal no hubo transparencia ni la medición de consecuencias de parte de los parlamentarios; y que faltó debate público, transparente y abierto con relación al tema antes de que se hicieran las modificaciones.

Otro aspecto que se abordó fue el de la exigencia de los ciudadanos para que los diputados renuncien. “Hasta donde uno alcanza a ver, los diputados no van a renunciar”, dijo Ibarra.

Y consideró que no hay indicios de que algo pueda cambiar de fondo a pesar de la indignación ciudadana porque los diputados saben no se les puede sacar fácilmente.

Con relación a ello, Chinchilla detalló que no ha percibido en el Congreso intenciones de que los legisladores vayan a dimitir.

Aunque, explicó que sí ha notado que los diputados han renunciado a sus bloques legislativos, hasta ahora se han dado tres casos.

“Dos diputados renunciaron de la Unidad Nacional de la Esperanza y uno del Movimiento Reformador dejaron sus bancadas”, expuso.

Y compartió que los legisladores han manifestado que quieren tener la libertad de votar en base a su conciencia y sin tener un lineamiento de un bloque o de un partido.

En otro tema, el presidente del Legislativo opinó que “se ha dado un juego perverso” en estos días con el tema del antejuicio contra el mandatario Jimmy Morales.

“Ahora resulta que hay bloques y diputados que han usado eso de votar una vez a favor y una en contra, no son congruentes. Usan como distractor este tema para que se les olvide el tema de los 107 votos (a favor de las reformas al Código Penal)”, manifestó Chinchilla.

Diálogo

El PDH publicó recientemente un comunicado en el cual señala que “previo a responder el llamado al diálogo, es indispensable dar respuesta al clamor popular expresado a nivel nacional en las marchas multitudinarias pacíficas”.

Con relación a ello, González expresó su “preocupación”, pues dijo que no se debe condicionar de ninguna manera un diálogo en el país.

De igual forma, el expresidente del Cacif, resaltó que si no se inicia un diálogo y se alcanzan acuerdos entre sectores, en Guatemala “estaríamos perdiendo una oportunidad enorme de resolver la situación”.

Mientras que el magistrado de conciencia, Jordán Rodas, señaló que la población merece una respuesta, pues “no puede pasar como que no hubiera ocurrido nada el 20 de septiembre”.

“Dialogar por dialogar en estas circunstancias solo porque presidente lo dice debe analizarse”, aseguró.

Asimismo, manifestó que en el momento prudente para que se tenga un diálogo, este deberá integrar a todos los sectores sin excepción y no “satanizar” a ninguno de estos.

También mencionó que para poder alcanzar consensos debe darse también un proceso en el que los diferentes sectores deben aceptar que “todos nos hemos equivocado”.

“Guatemala no necesita más maquillaje, necesita una cirugía mayor”, afirmó el procurador de los Derechos Humanos, y consideró que si los guatemaltecos no comprenden eso, se podrá tener en dos años otra situación similar a la actual, pero con distintos personajes.

Lo que se vive en Guatemala no lo va a arreglar un diálogo, dijo Ibarra, y afirmó que es pesimista en cuanto a los escenarios futuros.

La directora de Pro Justicia aseguró que es necesario encontrar mecanismos en donde se pueda empezar a trabajar en las prioridades del país.

Entre los temas que deberían abordarse, mencionó analizar cómo se van a combatir las “macro redes que cooptan al Estado”, mejorar lo relativo al sistema de justicia y el régimen electoral. En cuanto a este último, señaló que no solo debe entenderse con relación a los partidos políticos, sino en un mejor estadio de autoridades electorales, participación ciudadana y organizaciones políticas.

Ibarra agregó que en el esfuerzo del diálogo se debería involucrar a los “pocos diputados” que se han pronunciado a favor de atender, o al menos escuchar, las demandas ciudadanas.

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