PDH ve necesario dar respuesta al clamor popular

Por Nancy Alvarez

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, resaltó la necesidad de que se lleve a cabo un diálogo nacional para atender la situación actual en Guatemala.

En este proceso deberían estar involucrados “actores representativos y legítimos de todos los ámbitos”, señaló el magistrado de conciencia por medio de un comunicado.

“El diálogo debiera incluir actores regionales y comunitarios para romper la dinámica del centralismo prevaleciente”, resaltó.

En el documento, añadió que previo a responder el llamado al diálogo, es “indispensable” dar respuesta al clamor popular expresado a nivel nacional en las marchas multitudinarias pacíficas realizadas en los recientes días.

Soberanía

De acuerdo con Rodas, la Constitución Política de Guatemala prevé y garantiza la soberanía cuyo contenido se desarrolla en el artículo 141, que señala:

“La soberanía radica en el pueblo quien la delega, para su ejercicio, en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial”.

El procurador resaltó que, luego de dar respuesta al clamor popular y salir de la crisis política, se debe establecer las bases para el respectivo diálogo nacional.

Manifestación por el Paro Nacional Oliver de Ros

Rechazo

El pasado miércoles se realizó el denominado “paro nacional”, que consistió en una serie de movilizaciones en varios puntos del país, principalmente en la Ciudad de Guatemala, en las cuales la ciudadanía expresó su rechazo a la corrupción e impunidad.

Las principales peticiones que se hicieron fue la renuncia de los diputados que aprobaron las reformas al Código Penal, la dimisión del presidente Jimmy Morales y solicitar que se hagan reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Las manifestaciones en el país se iniciaron desde el pasado 27 de agosto, luego de que Morales declaró “non grato” a Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); aunque su decisión quedó suspendida por fallo de la Corte de Constitucionalidad.

Y se extendieron, tras las acciones de los parlamentarios para intentar eximir de responsabilidades a los secretarios generales de los partidos políticos en casos de financiamiento electoral ilícito. Así como luego de que se conociera que el gobernante cobraba desde hace nueve meses un bono de Q50 mil mensuales del Ejército.

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