Jefes de bloque acuerdan incluir antejuicio contra Jimmy Morales en sesión del jueves

Por Saira Ramos

Los jefes de las diferentes bancadas del Congreso de la República sostienen una reunión este martes para establecer acuerdos con relación a los temas que serán abordados en las sesiones ordinarias de los próximos días.

Amílcar Pop, de Winaq, y Carlos Barreda, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), propusieron que se retome el antejuicio contra el presidente Jimmy Morales por financiamiento electoral ilícito.

La propuesta fue respaldada por varios jefes de bloque, y con el voto favorable de nueve diputados se incluyó en el orden del día del jueves 21 de septiembre.

¿Lavarse la cara?

Javier Hernández, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) se opuso a ello, y aseguró que "no por 20 tuiteros con 200 cuentas falsas van a sacrificar la institucionalidad".

"Sería injusto que para lavarnos la cara estemos entregando al presidente", añadió el parlamentario.

 

Interpelación o antejuicio

Aún está pendiente aprobarse el orden del día, y se discute si el antejuicio se podría conocer antes o después de la continuación de la interpelación al ministro de Gobernación, Francisco Rivas.

Esto tomando en cuenta que Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), quien planteó el juicio político contra Rivas, indicó que en la siguiente plenaria tiene programado seguir con las repreguntas.

Antejuicio

La denuncia contra Morales fue presentada por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) tras detectarse anomalías en el financiamiento del partido FCN-Nación en las elecciones de 2015, momento en el cual el ahora mandatario era secretario general de la organización.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) le dio trámite a esa solicitud de antejuicio y la trasladó al Organismo Legislativo, en donde, el pasado 11 de septiembre se realizó la votación y fueron 104 diputados los que se pronunciaron en contra de que se le retirara la inmunidad a Morales para que fuera investigado.

Pese a que la comisión pesquisidora que conoció el caso recomendó en su informe que el presidente fuera puesto a disposición de la justicia común, solo se contó con el voto favorable de 25 legisladores para que fuera así.

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