Según PGN y PDH, se debe esperar resolución de planteamientos con relación del jefe de la CICIG y acatarlos

Mientras tanto, el excanciller Gabriel Orellana resaltó que como consecuencia de la decisión de Jimmy Morales de expulsar del país al jefe de la CICIG, Guatemala podría ser objeto de sanciones internacionales, principalmente económicas.

Por Nancy Alvarez

La procuradora General de la Nación, Annabella Morfín, y el procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, se pronunciaron este lunes con relación a la decisión del presidente Jimmy Morales de declarar non grato al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, y ordenar su expulsión del país.

Ambos coincidieron en que debe esperarse que se resuelvan los planteamientos que se han hecho con relación al tema.

Esto incluiría la resolución en definitiva de la Corte de Constitucionalidad (CC), ya que por ahora, el máximo órgano otorgó un amparo provisional que suspendió la orden de abandono del país de Velásquez. Al igual que la "queja" planteada por Morales ante el secretario general de Naciones Unidas el pasado viernes.

También la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) presentó ayer un amparo a favor de Iván Velásquez, el cual de acuerdo con Rodas, está “suficientemente fundamentado”.

En ese contexto, Rodas explicó que se debe tomar en cuenta que la instalación de la CICIG en el país no fue impuesta por nadie, sino que el Estado de Guatemala la solicitó.

Añadió que el presidente "perdió la objetividad e imparcialidad" porque su núcleo familiar está sujeto a proceso penal y él mismo tiene una solicitud de antejuicio en su contra.

La titular de la PGN consideró que “si queremos mantener el estado de Derecho tenemos que respetar las resoluciones emanadas por los Tribunales”, y “si hay una resolución emanada por la CC, si no se está de acuerdo lo que corresponde es impugnarla, más no desobedecerla”.

Y Rodas resaltó que “el secreto para mantener el orden es respetar las resoluciones judiciales, estando o no de acuerdo con ellas. Si alguien piensa que está por encima de la ley, se está afectando la gobernabilidad del país”.

El procurador añadió que por ahora, el mandatario “tácitamente ha aceptado la resolución de la CC” porque no ha insistido en expulsar a Velásquez del territorio nacional.

Por aparte, Morfín señaló que el presidente no le pidió asesoría a la Procuraduría General de la Nación (PGN) para tomar la decisión con relación a Velásquez.

Y al ser consultada acerca de qué le hubiera contestado a Morales si se le hubiera consultado, detalló que le habría dicho que declarar non grato al comisionado no era procedente en este momento, ya que se debía esperar que se resolviera el planteamiento que se hizo el pasado viernes ante Naciones Unidas.

“Porque si había un planteamiento de situaciones que tenían que ser enmendadas, debía agotarse ese debido proceso”, resaltó la funcionaria.

Situación del país

A criterio de Morfín, actualmente en Guatemala “hay es una crisis, generada en mucho por especulaciones y decisiones atropelladas que no nos llevan a resolver la situación”.

Sin embargo, consideró que la situación del país es susceptible de ser reencauzada, si “todos actuamos con madurez y responsabilidad”.

La procuradora añadió que ayer se emitió un comunicado de parte de la PGN en el cual se exhorta al presidente a cumplir con las resoluciones emanadas de los órganos jurisdiccionales y también a reconsiderar la decisión adoptada en cuanto a Velásquez.

“Estamos consientes de las graves consecuencias para el país a nivel internacional y por eso se hace el llamado en el comunicado”, resaltó.

Mientras tanto, el procurador de los Derechos Humanos planteó su “rotundo apoyo” al comisionado Velásquez, ya que aseguró que los frutos de su trabajo están a la vista y no había razones para que el presidente tomara esa decisión de expulsarlo del país.

Añadió que espera que Morales en su actuar “no pase la raya de la legalidad”.

Por aparte, Rodas fue consultado con relación a qué ocurriría en el país si eventualmente se declarara un estado de Sitio, a lo que respondió que ello traería “efectos devastadores para nuestra democracia”. “Sería algo funesto de parte del presidente cometer otro error”, expresó.

Y, en otro tema, los procuradores coincidieron en que se debe continuar con el traslado de conocimientos y capacidades de parte de la CICIG a las instituciones nacionales relacionadas con la investigación criminal.

Guatemala podría ser objeto de sanciones internacionales

El excanciller guatemalteco Gabriel Orellana explicó que en el momento en el que el presidente presenta la queja en la Organización de las Naciones Unidas se abre un debido proceso. “Es como una denuncia que se debe investigar”, explicó.

A criterio del exfuncionario, cuando 48 horas el presidente expulsa al comisionado, prácticamente “dejó burlada a Naciones Unidas y eso nos puede dejar una situación conflictiva con ese organismo”.

La decisión de Morales “afecta gravemente la credibilidad de Guatemala”, resaltó el entrevistado. Aseguró que “el problema” fue activar un mecanismo de una organización internacional a sabiendas de que no se iba a acatar lo que esta investigación arrojara.

De acuerdo con Orellana, lo ocurrido no solo afectaría el ámbito de Naciones Unidas, sino que Guatemala podría ser objeto de sanciones internacionales.

“Países como Alemania, Suecia y Estados Unidos han tomado cartas en el asunto y han cuestionado severamente la informalidad de la conducta de Guatemala”, resaltó.

E indicó que el Estado guatemalteco puede ser sujeto de sanciones de toda índole, fundamentalmente económicas, a raíz de la conducta de un solo funcionario, que tomó una decisión “como que fuera el monarca absoluto, sin tomar en cuenta que sus poderes están sujetos a la Constitución”.

Otro efecto que se podría generar a raíz de este incidente es que “ningún jurista en el mundo que se precie de ser independiente y de ser un funcionario internacional destacado” acceda a venir a Guatemala porque sabrá que su labor va a estar condicionada a “los caprichos” del mandatario, dijo Orellana.

Finalmente, señaló que se socavó la credibilidad de la CICIG.

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