Congresistas buscan amnistía penal por plazas fantasma

Una propuesta, con el apoyo de nueve firmas, para reformar la Ley de Servicio Civil del Congreso pretende eximir de responsabilidades penales por contrataciones de personal desde 2008 a la fecha.

Por Joel Maldonado

De manera sorpresiva se presentó ayer a junta directiva una moción para intentar reformar el artículo 100 de la Ley de Servicio Civil del Legislativo, que busca validar jurídicamente todos los actos legislativos desde el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza a la fecha.

La iniciativa de ley fue firmada por los diputados Javier Hernández, Jaime Regalado, Alejandra Carrillo, Juan Ramón Lau y otras firmas ilegibles; sin embargo, solo obtuvo el apoyo de 20 congresistas.

“Se reconoce la validez jurídica, administrativa y laboral de todos los contratos laborales y administrativos realizados bajo los reglones presupuestarios 011, 022 y 029 suscritos por el Congreso con el personal administrativo, técnico y de servicios”, expresa el documento.

También propone eximir de toda responsabilidad penal a los empleados, funcionarios y dignatarios que hayan participado en esos procesos, con excepción de quienes estén prófugos de la justicia antes de la aprobación la reforma.

El proyecto de ley fue remitido a la comisión de apoyo técnico, presidida por el Partido de Avanzada Nacional.

Rechazan reforma

Amílcar Pop, diputado de la bancada Winaq, comentó que el contenido de la propuesta es oscuro sin participación del pleno, decidió no apoyar la reforma porque es algo irresponsable.

“Por lo que se entiende, es proteger a personas implicadas en casos a partir de 2008 a la actualidad, pues se escucha que hay temor por capturas por el caso Odebrecht. No es la forma de legislar por sorpresas, asaltos y urgencia nacional”, resaltó Nineth Montegrego, de Encuentro por Guatemala.

Validar acciones

  • Entre los cambios a la Ley de Servicio Civil, es legalizar todos los procesos por junta directiva, bloques legislativos, comisiones y de diputados en particular.
  • También se propone que las acciones y contratos laborales y administrativos se resuelvan por vía administrativa, civil o laboral.
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