Les preocupa que criminalicen a padres de niños migrantes

El grupo articulador de la sociedad civil está preocupado porque el Estado criminaliza a los padres de los niños migrantes no acompañados.

Por: Publinews

Foto: Oliver de Ros Foto: Oliver de Ros

Julia González, de la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala, señaló que antes de criminalizar a los padres de los niños migrantes el Estado debe identificar las causas de este problema.

“Si no se identifican primero las razones por las cuales se van, no se podrá influir o trabajar para resolver la situación”, señaló.

Agregó que no es “posible que se responsabilice a la familia cuando el Estado no genera las condiciones para que sus miembros se queden acá”, expuso.

Juan Carbajal, secretario ejecutivo de la Comisión Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala, expuso que se invertirán recursos en cárceles para apresar a los papás y “esta no es la solución para que los niños no se vayan a otro país”.

Carbajal cree que se debe insistir en reformas migratorias regionales profundas y no medidas paliativas.

“Es necesario que Estados Unidos siga con la reforma y que Guatemala garantice la protección de sus menores”, explicó.

El grupo articulador de la sociedad civil reveló que en la actualidad 20 mil menores trabajan en el país y añadió que las principales causas de migración son la pobreza y la violencia.

El presidente Otto Pérez ha negado este extremo.

La instancia le solicitó al Congreso que retome el proyecto de ley de migración y les pidió a los legisladores que no criminalicen a los padres por permitirles a sus hijos que viajen en forma ilegal a los EE. UU.

Thelma Aldana, fiscal general, coincidió en que la migración se debe resolver atacando la pobreza.

Aseguró que la Fiscalía contra la Trata de Personas elabora un análisis del artículo 154 del Código Procesal Penal para establecer si es viable procesar a las personas que ponen en riesgo a un menor y lo abandonan en la frontera.

“Se debe tener una base de datos de los niños que retornan para saber por qué lo hicieron.

“No podemos perseguir a nadie mientras no averiguemos esto”, argumentó. La prisión podría ser de tres meses a cuatro años.

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Raúl Barreno/ Agencias

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