Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) fueron convocado para una sesión de pleno para este miércoles 27 de diciembre, desde las 10 horas, en la que se conocerán acciones de amparo relacionadas con la inmunidad de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la integración del mismo.
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La Corte de Constitucionalidad recibió el 7 de diciembre pasado, una solicitud de amparo presentada por la abogada de la organización Guatemala Inmortal, Karen Fisher con el que busca que se ordene al Congreso de la República, complete los magistrados suplentes faltantes del Tribunal Supremo Electora (TSE) para que este ente quede integrado.
El martes, 12 de diciembre, se dio a conocer que la Corte de Constitucionalidad resolvió no amparar provisionalmente a la magistrada del TSE, Irma Elizabeth Palencia Orellana.
La magistrada presentó una acción legal para detener el proceso de retiro de antejuicio que se lleva en su contra por estar señalada en el caso de la compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
Retiro de inmunidad
Por aparte el pasado 14 de diciembre, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) promovió una solicitud de retiro del derecho de antejuicio en contra de la magistrada presidente del TSE, Blanca Alfaro. En esta se le sindica de cometer los delitos de obstaculización a la acción penal e incumplimiento de deberes.
El jefe de esa unidad del MP, Rafael Curruchiche, explicó que el primer tipo penal se da porque, según sus palabras, “todo el pueblo de Guatemala, la comunidad internacional, pudo observar cómo los fiscales de la FECI, actuando con profesionalismo, fueron agredidos físicamente, verbalmente, no solo por la magistrada presidenta, sino por otros magistrados del TSE”. Esto al hacer referencia al actuar de las autoridades electorales ante los allanamientos en los que fueron secuestrados documentos relacionados con las Elecciones Generales 2023.
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Con respecto al incumplimiento de deberes, indicó que se ha podido establecer que Alfaro tuvo que haber actuado en su momento, y no lo hizo, pues hay aspectos torales y puntuales en la investigación.
Será la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la que decidirá si lo rechaza o lo traslada al Congreso de la República para que continúe el trámite respectivo.
