Una fuente cercana a la Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó este miércoles 20 de diciembre, que la alta corte habría resuelto declarar “sin lugar” las inconstitucionalidades que se interpusieron en contra de la ley del Ministerio Público (MP) que hace difícil o casi imposible la remoción de la Fiscal General.
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Las autoridades indígenas de Sololá, Quiché y Totonicapán pidieron a los magistrados de la CC declarar inconstitucionalidad parcial del artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP) que impide la destitución del Fiscal General sin sentencia previa.
Edgar Benjamín Tiul Bixcuil sindico de la municipalidad indígena de Sololá, dijo que la petición se hizo ante la falta de credibilidad de a fiscal general, Consuelo Porras, incluida por Estados Unidos en una lista de actores antidemocráticos y corruptos.
Desde el pasado 2 de octubre las autoridades indígenas exigen la renuncia de Porras, del fiscal Rafael Curruchiche Cucul y el juez Fredy Orellana, luego de que éstos ordenaron allanar la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por presuntas anomalías en las elecciones disputadas en primera y segunda ronda, en junio y agosto pasados.
Sus renuncias son demandadas debido a las “acciones arbitrarias que atentan contra la democracia y autonomía del pueblo y su orden constitucional”, según declaró la junta directiva de alcaldes comunales de los 48 Cantones de Totonicapán. Se espera que las protestas continúen hasta que los mencionados no dimitan del cargo.
Los tres funcionarios, calificados por Estados Unidos como “corruptos” y “antidemocráticos”, son señalados por Arévalo, de 65 años, de orquestar un “golpe de Estado” para evitar que asuma el poder el 14 de enero.
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La cruzada contra Semilla fue lanzada por Curruchiche luego de que el presidente electo, Bernardo Arévalo dio la sorpresa en la primera vuelta electoral el 25 de junio y pasó al balotaje del 20 de agosto, en que obtuvo un amplio triunfo con su promesa de combatir la corrupción, mal endémico en el país.
