El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americano (OEA) programó para el próximo miércoles 15 de noviembre, la consideración del proyecto de resolución “Acontecimientos recientes que afecta el Estado de derecho y la transición presidencial democrática en Guatemala”.
PUBLICIDAD
El Consejo Permanente de la OEA celebrará una sesión extraordinaria la mañana de este miércoles en el salón Simón Bolívar de la sede del organismo hemisférico en Washington, DC, para considerar, el proyecto de resolución sobre los “Acontecimientos recientes que afecta el Estado de derecho y la transición presidencial democrática en Guatemala”.
La reunión contará con la presentación del informe del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, sobre las actividades que realiza la Misión de Acompañamiento y Observación del Proceso de Transición de Gobierno 2023-2024 y la Misión de Mediación en Guatemala.
También se contará con la intervención del exministro de Defensa de Uruguay, Luis Rosadilla, miembro de la Misión de Mediación de la OEA en Guatemala.
Acompañamiento
La OEA además de haber acompañado con una Misión de Observación Electoral, las Elecciones Generales del 25 de junio y la segunda vuelta presidencial el 20 de agosto pasado, también brinda acompañamiento al proceso de transición de mando. La OEA ha permanecido acompañando a las partes, por medio de una delegación.
Además la OEA envió una misión de diálogo y mediación, por las manifestaciones ciudadanas que dirigen las autoridades ancestrales de Guatemala, para exigir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción (FECI), José Rafael Curruchiche Cucul; la fiscal Cintia Monterroso y el juez Fredy Orellana, quienes ordenaron allanar la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por presuntas anomalías en las elecciones disputadas en primera y segunda ronda, en junio y agosto pasados.
PUBLICIDAD
Los cuatro funcionarios son calificados por Estados Unidos como “corruptos” y “antidemocráticos”, además son señalados por el presidente electo, Bernardo Arévalo, de orquestar un “golpe de Estado” para evitar que asuma el poder el 14 de enero.
