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OEA aplaza resolución sobre Guatemala a petición de la delegación nacional

La OEA pospuso la consideración del proyecto de resolución “Acontecimientos recientes que afecta el Estado de derecho y la transición presidencial democrática en Guatemala”.

(Juan Manuel Herrera)

El presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Ronald Sanders, confirmó que se pospuso el proyecto de resolución de Guatemala “Acontecimientos recientes que afecta el Estado de derecho y la transición presidencial democrática”, ello a petición de la delegación de Guatemala en ese organismo.

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Sanders también dijo el pasado 6 de noviembre se convocó a los coordinadores regionales para llegar a un consenso informal sobre el proyecto de resolución de Guatemala, pero no todos asistieron y la delegación de Guatemala presentó un texto alterno a dicho proyecto, pero no se llegó a un texto consensuado.

El diplomático agregó que el próximo 13 de noviembre se podría considerar el tema de Guatemala en una sesión extraordinaria y que también se le pidió al secretario de la OEA, Luis Almagro, que considere presentar un informe sobre el proceso de transición y mediación en Guatemala.

Acompañamiento

La OEA además de haber acompañado con una Misión de Observación Electoral, las Elecciones Generales del 25 de junio y la segunda vuelta presidencial el 20 de agosto pasado, también brinda acompañamiento al proceso de transición de mando. La OEA ha permanecido acompañando a las partes, por medio de una delegación.

También la OEA envió una misión de diálogo y mediación, por las manifestaciones ciudadanas que dirigen las autoridades ancestrales de Guatemala, para exigir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción (FECI), José Rafael Curruchiche Cucul; la fiscal Cintia Monterroso y el juez Fredy Orellana, quienes ordenaron allanar la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por presuntas anomalías en las elecciones disputadas en primera y segunda ronda, en junio y agosto pasados.

Los cuatro funcionarios son calificados por Estados Unidos como “corruptos” y “antidemocráticos”, además son señalados por el presidente electo, Bernardo Arévalo, de orquestar un “golpe de Estado” para evitar que asuma el poder el 14 de enero.

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