Un mes después de iniciadas las movilizaciones para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, este viernes 3 de noviembre miles de personas manifiestan en el Centro Histórico de la capital.
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Las movilizaciones salieron desde distintos puntos de la Ciudad de Guatemala como parte de la denominada “Gran marcha por la democracia”, convocada por las autoridades indígenas ancestrales de Guatemala y convergieron en el centro de la ciudad.
Las manifestaciones se dirigieron a la sede del Ministerio Público (MP) en el barrio Gerona de la zona y posteriormente se dirigirán a la sede de la Corte de Constitucionalidad (CC), finalmente se realizará una concentración masiva en la Plaza de la Constitución.
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Durante la jornada de manifestaciones en la capital autoridades ancestrales del Altiplano Occidental pidieron frente a la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que se investiguen a todos los partidos políticos y no se concentren en una sola agrupación, porque a su criterio, no se ha hecho una democracia por el pueblo.
Otra movilización
Para el sábado 4 de noviembre se concentrarán en el Ministerio Público desde las 8:00 horas y a las 14:00 horas lo harán en la Plaza de la Constitución.
Las autoridades indígenas demandan la renuncia de la fiscal general, María Consuelo Porras Argueta; el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, José Rafael Curruchiche Cucul; la fiscal Cintia Monterroso y el juez Fredy Orellana.
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Las manifestaciones y bloqueos comenzaron el pasado 2 de octubre para exigir la renuncia de los funcionarios, quienes ordenaron allanar la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por presuntas anomalías en las elecciones disputadas en primera y segunda ronda, en junio y agosto pasados.
Sus renuncias son demandadas debido a las “acciones arbitrarias que atentan contra la democracia y autonomía del pueblo y su orden constitucional”, según declaró la junta directiva de alcaldes comunales de los 48 Cantones de Totonicapán. Se espera que las protestas continúen hasta que los mencionados no dimitan del cargo.
Los cuatro funcionarios son calificados por Estados Unidos como “corruptos” y “antidemocráticos”, además son señalados por el presidente electo, Bernardo Arévalo, de orquestar un “golpe de Estado” para evitar que asuma el poder el 14 de enero.
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Vía Omar Solís
