La mañana de este jueves, una caravana llegó a la capital proveniente del norte del país, conformada por pueblos Maya Q’eqchi’ y Poqomchi; todos ellos se sumaron a las manifestaciones que se desarrollan frente a la sede del Ministerio Público (MP) en el barrio Gerona de la zona 1.
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El clamor de los manifestantes sigue siendo que dimitan a sus cargos la Fiscal General Consuelo Porras; el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche; la fiscal Regional, Cinthia Monterroso y el juez Fredy Orellana.
Varios buses arribaron a la 15 avenida y 15 calle zona 1, donde se ubica el edificio del MP para unirse a quienes ya protestan.
Las consignas de los inconformes resaltan las acciones realizadas para entorpecer el proceso electoral 2023.
Mientras tanto, los manifestantes hicieron un llamado al presidente Alejandro Giammattei para que actúe en favor de la población.
“Fuera los golpistas”, decían algunos carteles, al considerar que las acciones del ente investigador buscan deponer al presidente electo Bernardo Arévalo.
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Cabe resaltar que las movilizaciones se hicieron en orden, acatando la más reciente resolución de la Corte de Constitucionalidad al respecto.
Entre los que se sumaron a las protestas figuran líderes locales de Quiché y Alta Verapaz, quienes dijeron que querían respaldar el movimiento.
Manifestaciones respetan los límites
Durante la jornada, los manifestantes respetaron el espacio solicitado por el Ministerio Público, para que los trabajadores pudieran ingresar a ejercer sus funciones.
Durante las manifestaciones del miércoles, se recibió la visita del Procurador de los Derechos Humanos Alejandro Córdova.
Asimismo, llegó el tercer viceministro de prevención de la violencia y el delito Héctor Eduardo Morales Alarcón para dialogar.
Quienes buscaban hacer denuncias o hacer otros trámites pudieron ingresar con normalidad al recinto. Incluso se pudo ver como algunos padres pasaban con sus hijos de la mano.
Ambos funcionarios hicieron una inspección en los alrededores de la sede central del MP y delimitaron el área para que los trabajadores ingresaran.
Como resultado, Esas acciones se dieron en respuesta a una resolución de la CC que les ordenaba usar la fuerza pública contra los manifestantes.
Cabe destacar que, las acciones autorizadas por la CC fueron solicitadas por la Fiscal General Consuelo Porras.
