La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional para que “se ejecuten las medidas necesarias para garantizar el libre ejercicio de los derechos de reunión pacífica y de manifestación, así como la libertad de pensamiento”.
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Dicha acción fue solicitada por Pedro Rolando Castro Tax, de la junta directiva de alcaldes comunales de los 48 Cantones; Pedro Raymundo Cedillo, de la Alcaldía Indígena Ancestral Municipal Maya Ixil de Santa María Nebaj, Quiché; y Misrahí Xoquix Chiroy, de la Municipalidad Indígena de Sololá, en contra del ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos; la fiscal general, Consuelo Porras; el director de la Policía Nacional Civil, Edwin Ardiano; y el Procurador de los Derechos Humanos, Alejandro Córdova.
Acción Ciudadana (AC), quien compartió la resolución de la alta corte, indicó que la población en Totonicapán celebró el otorgamiento del amparo provisional para manifestar pacíficamente.
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📍📢En Totonicapán, la población celebra el otorgamiento de un amparo provisional por parte de la Corte de Constitucionalidad para manifestar pacíficamente, resuelto esta tarde. #ParoNacionalIndefinido https://t.co/TXOZKl78IF
— Accion Ciudadana TI Guatemala (@AcGuatemala) October 10, 2023
Por su parte, Eddie Cux, de Acción Ciudadana, aseguró en el programa “Hora 15” de Emisoras Unidas, que el amparo que se otorgó, “tanto al Cacif como también a las autoridades (ancestrales), enmarca lo mismo, como siempre recalco, los gallo-gallina de la CC permiten algunas cosas y claramente se ponderan derechos en esta ocasión”, dijo.
“Hay derecho a manifestar, derecho a libertad de expresión, hay derecho a la resistencia pacífica y derecho a la locomoción. Hasta el momento las comunidades indígenas y la ciudadanía han permitido que circulen las fuerzas de seguridad, las ambulancias, enfermos, insumos de primera necesidad. Hemos visto en distintas oportunidades y eso se mantiene en lo pacífico y la misma Corte lo protege. Y limita que las fuerzas de seguridad utilicen la fuerza pública para poder reprimir a los ciudadanos que están manifestando”, comentó.
La resolución también indica que si las manifestaciones son en calles y carreteras se debe garantizar que los guatemaltecos realizan sus actividades diarias, por lo que deben habilitar carriles específicos.
Además que el uso de la fuerza sólo podrá ser ordenado en caso de que las manifestaciones no sean pacíficas.
“Ese amparo, al menos viene a respaldar su derecho de manifestación y a limitar el uso abusivo que pudiese darse dentro de las manifestaciones, salvo esos casos aislados de vandalismo, que incluso han sido denunciados como vandalismo promovido por el mismo gobierno”, agregó Cux.