Las autoridades ancestrales se reunieron la mañana de este martes 10 de octubre con la Misión de Mediación y Diálogo de las Organización de Estados Americanos (OEA), y posteriormente se dirigieron frente a la sede del Ministerio Público (MP) para pronunciarse.
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“Nos reunimos con la misión de la Organización de Estados Americanos, esperamos que ellos hagan llegar el informe correspondiente al Gobierno”, manifestó el presidente de la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco.
Los líderes indígenas se refirieron a los actos de violencia cometidos por un grupo de infiltrados en la Plaza de la Constitución y a los señalamientos que hizo el mandatario Alejandro Giammattei en un mensaje a la nación.
“Las comunidades se han sumado voluntariamente y no tenemos ningún financiamiento externo, el financiamiento lo tenemos por el pueblo de Guatemala”, aclararon las autoridades indígenas al señalamiento de recibir financiamiento externo para las movilizaciones.
Pacheco agregó que lo ocurrido en la Plaza de la Constitución no es de manifestantes, es de delincuentes que llevaban piedras y palos.
Las autoridades indígenas agregaron que tienen la solvencia moral para estar frente a una manifestación, sin necesidad de usar pasamontañas, máscaras, además no portan ninguna arma, únicamente la vara edilicia.
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Señalaron al Estado de ser incapaz de erradicar los robos y las extorsiones y aseguraron que tienen una mejor organización que les permite tener orden y evitar el robo y la extorsión, “No necesitamos balas para hacerlo. No tenemos armas, solo nuestras varas.”, reiteraron.
También hicieron el llamado para no criminalizar, ni deslegitimar, las manifestaciones, ya que permiten el paso de ambulancias ni pipas de combustible, por lo que responsabilizaron al Gobierno de la situación.
“No estamos peleando por un presidente electo, por un partido político, estamos acá porque tocaron la pureza de un proceso electoral”, manifestaron los dirigentes que exigen la renuncia de la Fiscal General Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana, luego de que éstos ordenaron allanar la sede del Tribunal Supremo Electoral por presuntas anomalías en las elecciones disputadas en primera y segunda ronda, en junio y agosto pasados.
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Vía Edwin Bercián