La Conferencia Episcopal de Guatemala emitió un nuevo pronunciamiento con respecto a la coyuntura nacional y tras haber analizado los recientes acontecimientos, las manifestaciones y bloqueos.
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“Los obispos de Guatemala hemos analizado los acontecimientos que la sociedad guatemalteca ha vivido en los últimos días: manifestaciones populares de descontento y frustración y de reclamos crecientes. La situación de paro nacional que se ha desarrollado es el resultado de acciones de organismos del Estado, principalmente del Ministerio Público que, con apariencia de legalidad, son contrarias al bien común”, indican en primera instancia.
También recuerdan el secuestro de las actas del proceso electoral, como parte de medios de pruebas según el MP, lo cual “fue percibido como un acto de prevaricación”, añade la organización católica.
“Algunas resoluciones de la Corte de Constitucionalidad y de la Corte Suprema de Justicia, que debían restablecer el orden político, no han resuelto los conflictos pues se perciben como interpretaciones interesadas de la ley”, añaden.
Piden renuncia de Porras
Es por ello que los obispos guatemaltecos urgen al presidente de la República, Alejandro Giammattei, “a cumplir la responsabilidad que el mismo pueblo le ha confiado y que se explicita en los artículos 1 y 182 de la Constitución”.
“Es necesario que se pronuncie en defensa del bien común y que atienda el clamor de quienes manifiestan en la calle y pida la renuncia de la fiscal general y jefa del MP”, indican.
Como tercer punto, los prelados apelan a la conciencia del mandatario y de la fiscal general para que, “ante ese Dios que la Constitución invoca en su preámbulo, dejen los intereses sectoriales o personales y tomen las decisiones y acciones que reconduzcan al país a la normalidad política y social”.
Por último, piden al pueblo de Guatemala y a los líderes sociales que utilicen los medios legales que la misma Constitución ofrece para expresar el descontento y la insatisfacción, sin recurrir a la violencia ni a ejercer ningún tipo de presión que coarte la lbiertad que cada ciudadano guatemalteco tiene.
“Es necesario que los manifestantes se mantengan dentro de la legalidad y por lo tanto no impidan el derecho de otros ciudadanos a la libre locomoción, al trabajo, a la educación y al comercio”, aseguran.
* Con información de Conferencia Episcopal de Guatemala.
