Vendedores de distintos mercados de la Ciudad de Guatemala, manifiestan en la zona 1 de capital este lunes 9 de octubre y tras pasar por la Plaza de la Constitución, se dirigen a la sede del Ministerio Público (MP) en el bario Gerona de la zona 1, para unirse al Paro Nacional Indefinido convocado por la junta directiva de alcaldes comunales de los 48 Cantones de Totonicapán.
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Los comerciantes piden a la fiscal general, Consuelo Porras, y sus funcionarios que renuncien, ya que a pesar de que son solo tres personas, están paralizando a Guatemala, “no es justo que los mercados estén perdiendo tanto dinero, por culpa de esas tres personas”, indicó uno de los asistentes.
Los comerciantes del mercado La Terminal decidieron no unirse a las protestas, lo que ha generado comentarios en las redes sociales. Los vendedores han sido señalados de respaldar las decisiones de quienes están al frente del Gobierno de Guatemala; sin embargo algunos sectores como el de mariscos manifestó su disgusto con la junta directiva de la Terminal, y manifestó su apoyo a las peticiones de las autoridades electorales.
“Estamos velando por los derechos individuales. Los mercados son los lugares donde la gente de escasos recursos llega. Sabemos muy bien que están manifestando pero otras están trabajando” señaló el Procurador de los Derechos Humanos, Alejandro Córdoba.
Desde hace ocho días, miles de manifestantes, en su mayoría de comunidades indígenas, mantienen bloqueados varios tramos de carreteras para exigir la salida de Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana, considerados por Estados Unidos desde 2021 como “corruptos” y “antidemocráticos”.
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Las protestas fueron convocadas inicialmente por organizaciones indígenas y luego se unieron grupos universitarios, maestros, médicos y otros gremios y grupos sociales de las ciudades.
Según la policía, este lunes se encuentran cerrados más de un centenar de tramos de carreteras a nivel nacional, incluida la capital.
Además, varios negocios, empresas y mercados cerraron sus puertas en rechazo a acciones de la fiscalía como los allanamientos al tribunal electoral y la inhabilitación del partido Semilla de Arévalo, que sectores locales y la comunidad internacional ven como un atentado a la democracia.
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Vía Edwin Bercián
