Representantes de los 48 Cantones de Totonicapán y del Ministerio Público (MP) sostuvieron una reunión el miércoles, 4 de octubre, en la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), como sede.
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Sin embargo, Luis Pacheco, presidente de la junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, aseguró que las manifestaciones continuarán derivado de que “no tuvieron respuesta a sus demandas” por parte del ente investigador.
Continuarán manifestaciones
Pacheco aseguró que la petición concreta es que se presente la renuncia de la fiscal general y jefa del MP, María Consuelo Porras Argueta, pero “no tuvimos respuesta concreta”, aseguró.
El dirigente indicó que, más bien, lo que obtuvieron fueron los argumentos por los cuales no se puede materializar la dimisión de Porras Argueta, así como del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche.
“Nos explicaron de ciertos procedimientos e informes de algunas actividades de la administración de justicia, pero una respuesta no tuvimos”, aseguró.
“No más conversaciones”
Asimismo, Pacheco también dejó en claro que tratarán de buscar alguna otra institución que realmente tenga la voluntad de apoyar o solucionar. “Veríamos esa situación porque es pérdida de tiempo, no hay una solución concreta de esto”, dijo.
En cuanto a si habrá más puntos que serán bloqueados, el dirigente indicó que todo seguirá igual hasta el momento. En todo caso, se haría saber a través de las redes sociales de los distintos movimientos indígenas.
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Secretario del MP argumenta
Al respecto de este tema, el secretario general del MP, Ángel Pineda, dijo que desde la perspectiva del análisis legal, tanto la constitucional, como las leyes del país, regulan distintos aspectos de quien se trate.
En el caso de la fiscal general hay plazos constitucionales fijados para el ejercicio de ese mandato y consecuencia es la propia ley la que establece las normas y determinación de ese mandato.
“Si bien es cierto, de alguna manera se pueda generar alguna petición específica, lo que se debe de hacer es respetar la ley. Y la ley es clara en torno a los causales de finalización del mandato de un fiscal general. Entonces, no puede haber otra respuesta más que el respeto a la ley”, dijo.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7
