Miles de manifestantes continúan bloqueando este martes 3 de septiembre, por segundo día consecutivo varias vías en Guatemala para exigir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, a quien acusan de encabezar un supuesto golpe de Estado para impedir que asuma el presidente electo, Bernardo Arévalo.
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Los manifestantes, en su mayoría indígenas y campesinos, mantienen cerrados al menos 21 tramos de importantes carreteras como la Interamericana, así como las que conducen a las fronteras de México, El Salvador y Honduras, según la estatal dirección general de protección y seguridad vial.
La ciudad de Quetzaltenango, permanece paralizada este martes dado que se sumaron los transportistas y bloquearon todos los accesos.
En tanto, decenas de policías acordonaron el perímetro del aeropuerto internacional La Aurora de Ciudad de Guatemala, ante rumores de que los manifestantes pretendían tomar las instalaciones, según la Aeronáutica Civil.
Los bloqueos iniciaron el lunes en contra de los allanamientos de la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para secuestrar las actas de las elecciones pasadas, el pedido para quitar los fueros a los magistrados de ese organismo e intentar cancelar el partido político Semilla de Arévalo; acciones que han provocado preocupación y rechazo internacional.
Arévalo ganó el balotaje del 20 de agosto ante la exprimera dama Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), cercana al oficialismo y a la poderosa élite empresarial aliada del gobierno.
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Además, piden las renuncias de Porras; del jefe de la fiscalía contra la impunidad, Rafael Curruchiche; la fiscal Cinthia Monterroso; y el juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, quienes mantienen la cruzada legal postelectoral. Los cuatro funcionarios están incluidos en una lista de “actores corruptos” y antidemocráticos de Estados Unidos.
Las manifestaciones y bloqueos fueron convocados por los alcaldes comunales de los 48 cantones del departamento de Totonicapán, al oeste de la capital, pero al llamado se han sumado otros sectores.
La Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, España, la Unión Europea y organizaciones internacionales han expresado su rechazo a la persecución penal por considerar que atenta contra la democracia y la gobernabilidad de esta nación.
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Vía AFP
