Margaret Satterthwaite, Relatora Especial de la ONU, sobre la independencia de los magistrados y abogados, expresó este lunes 18 de septiembre, su preocupación por la detención y el juicio de la abogada y exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Claudia González Orellana, lo que puede constituir una represalia por su trabajo como abogada de derechos humanos.
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“El caso de Claudia González parece ser el último de una serie de casos similares dirigidos contra jueces, juezas, fiscales, abogadas y abogados que han trabajado en casos de corrupción o derechos humanos en Guatemala”, manifestó Margaret Satterthwaite a través de un comunicado.
Satterthwaite expresó preocupación por el patrón de procesos penales contra operadores de justicia como resultado de su trabajo en casos de corrupción o violaciones de derechos humanos en Guatemala y pidió a las autoridades que tomen medidas urgentes para garantizar la protección de jueces, juezas, fiscales, abogadas, abogados y otros funcionarios judiciales.
“Se está abusando del derecho penal para atacar a las y los operadores de justicia, las mismas personas que protegen y garantizan los derechos humanos, fortalecen el Estado de derecho y luchan contra la impunidad en el país”, afirmó Satterthwaite.
Satterthwaite, quien ha estado en contacto con el Gobierno de Guatemala con respecto a este caso, instó a las autoridades a garantizar que los abogados no sean objeto de ataques y represalias y exigió la liberación de quienes han sido atacados por su trabajo legal.
Proceso contra Claudia González
La Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público (MP) en coordinación con agentes de la Policía Nacional Civil detuvieron el pasado 28 de agosto a la abogada Claudia González, quien es señalada del delito de abuso de autoridad por acciones implementadas cuando fungió como representante de CICIG en la investigación que se abrió contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CJS), Blanca Stalling, quien supuestamente trató de influir en el criterio del juez Carlos Ruano para resolver la situación jurídica de su hijo Otto Molina Stalling.
Otto Molina Stalling era procesado por el caso de corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS-Pisa), por el que fue condenado a 6 años y tres meses de prisión inconmutables, una multa de Q50 mil e inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 4 años.
Como abogada ahora defendía a la exfiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Virginia Laparra, condenada el año pasado a cuatro años de prisión por abuso de autoridad, en un polémico juicio criticado por Estados Unidos y la Unión Europea.
También defiende al exfiscal Juan Francisco Sandoval, exiliado desde 2021 tras ser destituido por Porras, y quien este lunes denunció allanamientos en las casas de sus padres y de González, acciones condenadas por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.
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Vía Dayana Rashon, Emisoras Unidas 89.7 FM*
