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Expresidente Otto Pérez recibe segunda condena y debe pagar Q10.7 millones

El exmandatario Otto Pérez Molina decidió beneficiarse de la ley de aceptación de cargos y reconoció que cometió los delitos por los que el Ministerio Público lo acusó en 2018.

El binomio presidencial del extinto Partido Patriota decidió reconocer su culpa en el caso “Cooptación del Estado”. Ayer el expresidente Otto Pérez Molina recibió una condena de ocho años conmutables y una multa de Q10.7 millones.

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Pérez Molina reconoció en el Juzgado de Mayor Riesgo B que recibió regalos de cumpleaños durante su administración por funcionarios y personas individuales por más de Q900 millones, con lo que aceptó ser condenado por cohecho pasivo, lavado de dinero y fraude.

Por el primer delito recibió una condena de tres años y seis meses, por el segundo dos años y medio y por el último, dos años. Los fiscales habían pedido una condena de 22 años de prisión.

Hoy se espera que la exvicepresidenta Roxana Baldetti también reconozca su culpa públicamente y reciba una condena menor a la que se le impondría en un juicio ordinario.

Ambos exfuncionarios permanecen en prisión desde 2015 por los múltiples involucramientos en actos ilícitos.

César Calderón, abogado del exmandatario, solicitó que la multa fuera de Q5 diarios y prisión menor de cinco años. Porque sus cuentas están embargadas y sus propiedades en proceso de extinción de dominio.

Además, todavía no cancela la multa impuesta en el primer caso, “La Línea”, que también fue de Q10 millones.

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“Es una ley que está a disposición de cualquiera, no estoy haciendo nada fuera de la ley, estoy dando la cara. Después de ocho años de estar detenido, sin sentencia firme, gozo de la presunción de inocencia porque no tengo sentencia firme”, comentó Pérez Molina al salir del Juzgado.

Pérez reconoce concesión 

El expresidente agregó que su renuncia fue voluntaria y no por las manifestaciones sociales. Además, aceptó que por su decisión se construyó la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ). Concesión cuestionada porque empresarios españoles pudieron entregar fondos de manera ilegal para ese contrato y se vendió a otra empresa internacional.

Asimismo, reconoció que la justicia en el país es tardía, maliciosa, selectiva y está politizada, por lo que resulta que no es justicia, y resaltó que debe ser pronta y servida, pero es lo que menos hay.

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