El Juzgado Octavo de Instancia Penal remitió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la solicitud de retiro de inmunidad planteado en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad con propósito electoral e incumplimiento de deberes.
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La solicitud fue planteada por los delitos de abuso de autoridad con propósito electoral e incumplimiento de deberes, derivado de la denuncia presentada por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) que alega un supuesto fraude electoral, al no estar de acuerdo con los resultados del balotaje presidencial.
La UNE que postulaba a Sandra Torres, señaló que el órgano electoral no cumplió con su obligación de garantizar elecciones transparentes el pasado 20 de agosto.
Solicitud de antejuicio
El pasado 23 de agosto, la Fiscalía de Delitos Administrativos solicitó el levantamiento de inmunidad en contra de la magistrada presidente del TSE, Irma Elizabeth Palencia Orellana, el magistrado Mynor Custodio Flores, así como el magistrado suplente, Álvaro Ricardo Cordón Paredes, por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, y resoluciones violatorias a la Constitución.
La acción fue presentada por declarar procedente la inscripción de Manuel Antonio Baldizón Méndez, teniendo pleno conocimiento que no cumplía con los requisitos del artículo 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que define los requisitos de capacidad, idoneidad y honradez, así como los artículos 162 y 164 que establecen las prohibiciones y compatibilidades.
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El pasado 22 de agosto, la Fiscalía contra Delitos Electorales, presentó una solicitud de antejuicio contra el Director del Registro de Ciudadanos del TSE, Ramiro Muñoz, por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad con propósito electoral e incumplimiento de deberes, informó la Fiscalía.
La solicitud fue realizada en virtud que la Corte de Constitucionalidad en resolución del 26 de mayo de 2023, referente a la suspensión del partido político Prosperidad Ciudadana, certificó con conducente al Ministerio Público.
El MP agregó que la Fiscalía contra Delitos Electorales realizó diligencias preliminares de investigación mediante las cuales se estableció que el director del Registro de Ciudadanos, posiblemente incurrió en actos ilícitos al inscribir de manera anómala al Partido Político Prosperidad Ciudadana, a pesar de haber incumplido con los requisitos establecidos en la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
