La fiscal Consuelo Porras, en menos de una semana, autorizó que se tramitara la acusación que presentó el partido de la excandidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en contra de los magistrados del TSE, luego de haber perdido el balotaje.
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La agrupación de Sandra Torres insiste, pero sin suficientes pruebas. Que hubo fraude porque por tercera vez no logra convencer a los ciudadanos a votar por ella.
Razón por la que la Fiscalía de Delitos Electorales solicita poder investigar a los cinco titulares del ente electoral: Irma Palencia, Blanca Alfaro, Rafael Rojas, Mynor Franco y Gabriel Aguilera.
La posible investigación es por los delitos de abuso de autoridad con propósito electoral e incumplimiento de deberes.
La UNE insiste en que hubo irregularidades en las actas presidenciales del 20 de agosto. Pero sus fiscales no presentaron impugnaciones en el plazo de la revisión de actas.
Por lo que el partido perdedor sigue con la narrativa de un fraude, cuando misiones electorales indicaron que los resultados avalados por el TSE son iguales a sus estimaciones, por lo que no hay sustento sobre esa denuncia.
Continúa intimidación a magistrados
La solicitud de antejuicio contra los magistrados se suma a la petición que hizo contra Palencia, Franco y el magistrado suplente Álvaro Cordón, por la inscripción de Manuel Baldizón, que días después fue anulada.
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Las acciones de la fiscal general con Cinthia Monterroso y Rafael Curruchiche han alertado a organismos internacionales, como la Organización de los Estados Americanos (OEA), que ha denunciado la judicialización del proceso electoral desde el 26 de junio.
Por eso, la Presidencia invitó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, para que realizara una visita al país para comprobar la situación electoral. Días después confirmó la preocupación por la persecución judicial al Movimiento Semilla y a funcionarios del Registro de Ciudadanos.
Palencia, presidenta del TSE, insistió en respetar la autonomía e independencia de esa entidad, que significa la estabilidad política, social y económica del país.
“Por ello, reafirmamos como inalienables los derechos de los ciudadanos expresados en las urnas”, resaltó la jefa del TSE.
El domingo de la segunda vuelta electoral, Alfaro anunció su renuncia por posibles investigaciones que prepara el MP. Que ha utilizado denuncias que han perdido vigencia y otras sin sustento para intimidar a los funcionarios del TSE.
Por aparte, la fiscal general, luego de haberse reunido con el secretario general de la OEA, convocó a medios de comunicación para leer un comunicado.
Porras rechazó los señalamientos que desde el MP se fragua un golpe de Estado. Pues afirmó que solo realizan investigaciones y, aunque repitió que es una institución de “puertas abiertas”. Cabe resaltar que se instalaron barandas frente a la sede del MP, y la mayoría de casos contra exfiscales y abogados se han declarado bajo reserva o no se presenta la parte acusadora.
