El presidente electo, Bernardo Arévalo de León y la vicepresidenta electa, Karin Herrera ofrecieron una conferencia de prensa en la que aseguró que se ha puesto en marcha un plan para romper el orden constitucional, promovido desde las instituciones que deberían garantizar la justicia en el país.
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“Existe un grupo de políticos y funcionarios corruptos que se niegan a aceptar este resultado y han puesto en marcha un plan para romper el orden constitucional y violentar la Democracia, esas acciones constituyen un golpe de Estado que es promovido desde las instituciones que deberían garantizar la justicia en nuestro país, encabezadas por la Fiscal General, Consuelo Porras, por el Fiscal, Rafael Curruchiche, y el juez séptimo de instancia penal, Fredy Orellana, así como la Junta Directiva del Congreso de la República y otros actores corruptos y antidemocráticos”, señaló Arévalo.
El presidente electo denunció un golpe de Estado en curso, en el que el aparato de justicia, es usado para violar la justicia misma, burlando la voluntad popular, expresada libremente en las urnas el pasado 20 de agosto, mediante acciones espurias, ilegitimas e ilegales en distintas instancias, cuyo objetivo es es impedir la toma de posesión de las autoridades electa, incluyendo al presidente a la vicepresidenta y a los diputados electos, “Debilitando y negando la autoridad y la legitimidad que constitucionalmente nos ha conferido el pueblo de Guatemala”.
Arévalo llamó también a los pueblos de Guatemala, sociedad civil; empresarios y trabajadores; al movimiento popular; a las iglesias y autoridades indígenas; estudiantes, academia, autoridades electas, juventud y fuerzas políticas legitimas, que rechazan la corrupción y el autoritarismo a unir fuerzas, en defensa de la Democracia y del respeto irrestricto a la voluntad popular.
“Hago un llamado a que nos unamos para derrotar a las fuerzas golpistas, que pretenden mantenernos sumergidos en la corrupción, la impunidad y la pobreza”, expresó.
Arévalo alertó que hacen falta cuatro meses para la toma de posesión en los que las “mafias políticas” intentarán consumar el golpe de Estado.
Suspensión de Semilla
El 30 de agosto, la junta directiva del Congreso dejó sin facultades al grupo parlamentario del presidente electo, Bernardo Arévalo, al acatar la suspensión del partido Semilla ordenada por el Juzgado Séptimo a petición de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
Los cinco diputados de Semilla, entre ellos el mismo Arévalo, no podrán presidir comisiones, participar en la preparación de la agenda legislativa ni tener asesores, entre otras prerrogativas. Para la próxima legislatura, que debe asumir con Arévalo el 14 de enero de 2024, Semilla contará con 23 diputados.
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El pasado 28 de agosto, el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) inhabilitó el mismo día a Semilla al acatar una polémica orden del juez Fredy Orellana.
La inhabilitación fue pedida al juez por el fiscal Rafael Curruchiche, quien emprendió una cruzada contra el partido de Arévalo luego de que éste diera la sorpresa en la primera vuelta presidencial, el 25 de junio.
Orellana y Curruchiche están incluidos por Estados Unidos en un listado de personajes “corruptos”, y su cruzada parece estar motivada por la promesa de Arévalo de emprender una lucha frontal contra la corrupción.
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Vía Omar Solís
