La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) solicitó este jueves, 27 de julio, información al Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre los digitadores que fueron contratados para las Elecciones Generales de 2023.
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De acuerdo con el oficio dirigido a la magistrada presidente del TSE, Irma Palencia, la fiscalía que dirige Rafael Curruchiche requiere los nombres de los digitadores por municipio y departamento que fueron contratados en el actual proceso electoral, en un plazo que no exceda los cinco días.
Allanamientos
El Ministerio Público allanó el jueves 13 de julio el Registro de Ciudadanos. El objetivo fue secuestrar información relacionada con el partido político Movimiento Semilla, entre lo cual se encuentra el expediente con el que se inició la investigación por una firma falsa.
El 20 de julio, nuevamente la FECI allanó el departamento de Recursos Humanos del ente electoral con la intención de capturar a la registradora, quien goza de inmunidad.
Ambos allanamientos fueron denunciados por la magistrada presidente del TSE ante el consejo permanente de la Organización de Estados Americanos, debido a la retención del personal de esa unidad por más de 10 horas y el uso de armas de fuego por parte de funcionarios del MP en esas oficinas de administrativas.
Rechaza señalamientos
La nueva solicitud del Ministerio Público (MP), dirigido por la fiscal general María Consuelo Porras, ocurre días después de que el ente investigador en un comunicado rechazara los señalamientos en su contra, luego de tomar medidas que buscan evitar que el proceso electoral se desarrolle en su curso normal.
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En el comunicado el MP rechazó “las campañas de desinformación que pretenden trasladar a la ciudadanía afirmaciones alejadas de la realidad. Y que suponen que se ponen en riesgo los resultados del 25 de junio en las elecciones generales y el próximo balotaje del 20 de agosto”.
Según el MP, el único propósito de las campañas es avanzar las investigaciones en curso contra el Movimiento Semilla, impidiendo que se deduzcan eventuales responsabilidades y consecuencias legales en el momento oportuno.
Además, indican que “la desinformación y las medidas de hecho para detener las investigaciones fomentan la impunidad y se alejan del Estado de Derecho”.
