El futuro de Orellana Letona es un pulso que se medirá en el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en los próximos días. La Ley de Antejuicio establece que son los integrantes de la Corte Suprema quienes deben decidir si procede el retiro de la inmunidad al juez séptimo. O rechazan las querellas que presentaron abogados e integrantes del Movimiento Semilla por sus resoluciones, que atentan contra el proceso electoral y el partido político.
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Por ello, la decisión de los jueces Víctor Cruz y Wendy Coloma de inhibirse de conocer las solicitudes del retiro del antejuicio es el trámite que establece la legislación.
Las denuncias contra Orellana Letona se deben por ordenar la cancelación de la personería jurídica del partido que se posicionó en la segunda vuelta electoral.
Decisión que carece de sustento legal, porque la Ley Electoral establece que durante el proceso electoral no se pueden cancelar partidos políticos. Pero que el fiscal Rafael Curruchiche utiliza la Ley contra el Crimen Organizado por un caso de supuestas firmas falsas de afiliación.
Asimismo, el juez Orellana continuó con decisiones calificadas de arbitrarias e ilegales al intentar capturar a Eleonora Castillo. Quien se desempeña como encargada de la Dirección de Registro de Ciudadanos del TSE y que goza de inmunidad.
Procedimiento del antejuicio contra Orellana
La normativa de antejuicio establece que los jueces deben inhibirse de continuar conociendo la petición y en menos de tres días se traslada al pleno de la CSJ.
Lugar donde se discutirá si procede la petición y de ser así se designe a un juez pesquisidor para que conozca la denuncia. Cite a los involucrados y remita un informe si hay causas para que sea investigado por posibles delitos.
La decisión de los magistrados deberá discutirse en los tres días hábiles después de su recepción. Es decir que en los próximos días se conocerá si los magistrados protegen a Orellana. A pesar de sus acciones cuestionadas por organizaciones civiles y comunidad internacional.
Las resoluciones de Orellana han sido puestas en duda, como la sentencia contra el periodista José Rubén Zamora Marroquín. Contra el abogado Juan Francisco Solórzano Foppa y Estados Unidos lo calificó de corrupto.
