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Fiscal Curruchiche y juez Orellana podrían cometer delitos; TSE señala acciones adversas a la legalidad

La persecución que montó la jefa del Ministerio Público con aliados en el Organismo Judicial no cesa. Ayer volvieron a amedrentar en las oficinas del ente electoral con agentes con armas para guerra y placas de vehículos tapadas.

El allanamiento al departamento de Recursos Humanos del TSE estuvo a cargo de la fiscal considerada corrupta Cinthia Monterroso.

De acuerdo con abogados, ninguna persona que desempeñe las funciones en puestos que gozan de inmunidad pueden ser detenidos. Además, consideraron que los funcionarios judiciales pueden estar cometiendo delitos en flagrancia.

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Sin embargo, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, trata de lavarse las manos e indicó que fue por orden del juez Orellana que ordenó detener a Eleonora Castillo Pinzón, quien funge como encargada del Registro de Ciudadanos, por lo que goza de antejuicio.

Asimismo, Curruchiche intenta justificar que ella no fue nombrada para el cargo, por lo tanto, puede ser detenida, pero, al ser designada al puesto por los magistrados del TSE, el beneficio la protege.

Durante el segundo allanamiento a dependencias del TSE, los fiscales secuestraron el expediente laboral de Castillo Pinzón, según comentó el secretario general del TSE, Alexander Velásquez, ya que Monterroso se negó a dar declaraciones.

Piden respeto a normativas

Los magistrados del TSE, aunque no brindaron declaraciones, por medio de un comunicado señalaron que el Ministerio Público realiza acciones en contra de la encargada del Registro, las cuales que no son coherentes, ni congruentes y generan un ambiente adverso a la legalidad.

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