El descontento aumenta entre los guatemaltecos este jueves 13 de julio, por la intervención de la justicia contra uno de los dos candidatos del balotaje presidencial, Bernardo Arévalo, que mantienen en vilo las segunda vuelta de los comicios prevista para el 20 de agosto.
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El Juzgado Séptimo de la Instancia Penal inhabilitó el miércoles pasado el partido de Arévalo, lo que le en la práctica impedía al candidato que dispute el balotaje ante la ex primera dama Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Pero poco después ambos fueron oficializados para la segunda vuelta por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), generando más incertidumbre.
La decisión judicial desató manifestaciones en Guatemala y críticas de Estados Unidos, a las que se sumaron este jueves advertencias de la cúpula empresarial guatemalteca y de la Unión Europea (UE).
“Es imperativo respetar la decisión de la máxima entidad electoral y la voluntad de los guatemaltecos expresada en las urnas” el 25 de junio, en la primera vuelta presidencial, declaró el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) en un comunicado.
La UE criticó al fiscal Rafael Curruchiche, quien pidió a la justicia la inhabilitación de Semilla, afirmando que “en pleno proceso electoral amenaza a uno de los cimientos básicos de la democracia, el respeto de la voluntad popular expresada en las urnas”.
El bloque europeo exhortó en un comunicado al “cese de la judicialización de las elecciones con maniobras que tienen un dudoso encaje legal en el ordenamiento jurídico guatemalteco y a que los poderes públicos garanticen el libre ejercicio del voto, sin cortapisas de ningún tipo”.
Recurso de amparo
Semilla presentó ante la Corte de Constitucionalidad un recurso de amparo contra la decisión del juez Fredy Orellana. El partido considera que el magistrado infringió la ley guatelmalteca, que establece que “no podrá suspenderse un partido después de la convocatoria a una elección y hasta que ésta se haya celebrado”.
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“Lo que están intentando hacer es inventarse un caso, como bien lo denunciamos en su momento, para intentar traerse abajo el partido o la candidatura de Bernardo Arévalo”, dijo el diputado de Semilla Samuel Pérez.
El recurso de amparo, agregó Pérez, busca “cuidar que el Tribunal Supremo Electoral no se vea obligado a acatar órdenes ilegales” del juez Orellana.
Expertos, activistas y el propio Arévalo venían advirtiendo desde antes de los comicios que el sistema democrático navegaba por aguas turbulentas en Guatemala, por el control político sobre el poder judicial, procesos a periodistas, exclusión de candidatos presidenciales y persecución a fiscales que combatieron la corrupción.
“En pie de lucha”
Tras el anuncio de la inhabilitación de Semilla, seguidores de Arévalo se manifestaron frente a la sede del TSE en la capital el miércoles en la noche.
“Estamos en pie de lucha para defender el sistema democrático guatemalteco. Por primera vez está bajo una amenaza increíble y fuerzas muy grandes se están moviendo para destruirlo, pero estamos aquí para defenderlo”, dijo el manifestante Víctor Castro.
“Están en contra de que nosotros podamos expresarnos en las urnas, que es el derecho más sagrado que tenemos y así como ellos en algún momento pidieron respeto, nosotros hoy estamos exigiendo respeto a nuestro voto”, indicó por su lado durante la protesta Eddy Sánchez.
Estados Unidos calificó la resolución judicial como “nuevas amenazas a la democracia” por parte de la Fiscalía guatemalteca.
“Estamos profundamente preocupados por las nuevas amenazas del Ministerio Público a la democracia electoral de Guatemala. Las instituciones deben respetar la voluntad de los votantes”, tuiteó el jefe de la diplomacia de Estados Unidos para América Latina, Brian Nichols.
La elección de un socialdemócrata constituiría un quiebre tras tres presidencias sucesivas de la derecha: Otto Pérez (2012-2015), Jimmy Morales (2016-2020) y el presidente saliente Alejandro Giammattei, quien debe dejar el mando en enero de 2024.
Allanamiento
La decisión judicial se dio luego de la presentación de recursos legales por los partidos que perdieron la primera vuelta de las presidenciales, lo que demoró la proclamación de Torres y Arévalo como candidatos al balotaje.
En su cruzada contra Semilla, el fiscal Curruchiche inició este jueves un allanamiento de la sede del Registro de Ciudadanos, encargado del padrón electoral.
Curruchiche, sancionado por Washington por perseguir a exfiscales anticorrupción, afirma que el partido de Arévalo cometió irregularidades en la recolección de firmas para su legalización.
“Existen indicios que posiblemente más de 5 mil ciudadanos habrían sido adheridos ilegalmente al Movimiento Semilla, mediante falsificación de documentos”, afirmó la fiscalía en un comunicado en que informó sobre el allanamiento.
Vía AFP
