La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) emitió un comunicado en el cual se refiere a la coyuntura electoral del país tras los últimos acontecimientos.
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Afirma que repudia las acciones “que intentan romper el orden constitucional” y manifiesta “su repudio por la actitud del Ministerio Público (MP), que a través de acciones y recursos espurios intenta romper el orden constitucional y el estado de Derecho.”
Asimismo, hacen referencia al allanamiento al Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, realizado por agentes del MP, lo cual “más parece una acción contra la delincuencia organizada que un procedimiento judicial.”
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Además dicen que “declara non grato al juez Fredy Orellana, por emitir resoluciones ilegales que desmerecen su posición dentro de la Corte Suprema de Justicia”.
Apoya al TSE
Por otro lado, se indica que la Junta Directiva de la APG apoya la decisión del Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de oficializar los resultados de la primera vuelta electoral y convocar a la segunda vuelta para el próximo 20 de agosto, con apego al orden institucional y la alternabilidad en el poder.
Aunado a la declaración de non grato del juez Orellana, también demandan a los jueces, fiscales y magistrados del sistema de justicia a apegarse al orden legal, recordando que nadie está obligado a acatar órdenes abiertamente ilegales y violatorias de los derechos humanos.
“Instamos al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y a la Universidad de San Carlos a pronunciarse en favor del respeto al orden constitucional y al Estado de Derecho”, añaden.
La APG considera que en esta coyuntura los diversos sectores ciudadanos debemos exigir que se respete la voluntad popular expresada en las urnas, finalizan.
Plantean amparo
Por su parte, el TSE informó que planteó una acción constitucional de amparo en contra de la orden emitida por el Juzgado Séptimo de Instancia Penal, a cargo del juez Fredy Orellana, de suspender la personalidad jurídica del partido político Movimiento Semilla.
Muñoz explicó a detalle la acción legal que se planteó en la Corte Suprema de Justicia, específicamente en Gestión Penal.
“El agravio que nosotros consideramos es al artículo 92, en donde indica que no podrá suspenderse un partido político después de hecha la convocatoria a una elección, y hasta después de que esta se haya celebrado. De acuerdo al artículo 121 de la Ley Constitucional en Materia Electoral, el TSE es la máxima autoridad en materia electoral”, aseveró.