Luego que la Corte de Constitucionalidad ordenó investigar a los magistrados de la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo, por la resolución que beneficiaba a la agrupación política Prosperidad Ciudadana, el Ministerio Público (MP) asignó a la Fiscalía de Delitos Administrativos dicha investigación.
PUBLICIDAD
El 12 de junio, en horas de la tarde, el Ministerio Público, por medio de la Oficina de Atención Permanente, fue notificado de la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad.
Luego del análisis efectuado, el expediente de mérito fue asignado a la Fiscalía de Delitos Administrativos, quienes se encuentran realizando las diligencias pertinentes con la finalidad de establecer la comisión de algún hecho ilícito o si alguna de las acciones realizadas encuadra en algún delito, y del resultado de dichas diligencias se establecerán las acciones legales a seguir.
El fin de semana pasado, el pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) decidió revocar el amparo provisional que permitía a los candidatos a diputados y alcaldes de 11 distritos pertenecientes al partido Prosperidad Ciudadana participar en las elecciones del 25 de junio.
La decisión se confirmó después de que se conocieran los recursos de apelación por parte del Director General del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, quien argumentaba que la resolución a favor de Prosperidad Ciudadana entraba en contradicción con los argumentos presentados por la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo, la misma que dejó fuera de la contienda al partido y a su presidenciable.
El viernes 9 de junio, se informó que la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo concedió un amparo provisional a la secretaría de Prosperidad Ciudadana, Lilian García. Con este se permitía a candidatos a diputados y alcaldes de 11 distritos participar en las elecciones del 25 de junio.
PUBLICIDAD
CC también resuelve
La CC resolvió que ante la posible responsabilidad en que pudieron haber incurrido los magistrados de la Sala Quinta, resolvió certificar lo conducente a:
- La Junta de Disciplina Judicial del Organismo Judicial, a fin de que inicie el procedimiento disciplinario respectivo.
- Asimismo, al Ministerio Público para que dé inicio a las investigaciones penales que correspondan en el caso concreto.
Vía Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7 FM*
