La exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango, Virginia Laparra, quien lleva más de un año privada de su libertad, fue ingresada al Hospital General San Juan de Dios (HGSJD) para que le practicaran los exámenes preoperatorios previo a una intervención quirúrgica que fue programada para la próxima semana.
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La exfiscal permanece internada en el referido centro asistencial y hasta el momento su estado de salud es reservado.
El Ministerio Público (MP), inició dos investigaciones en su contra, uno por un supuesto caso de abuso de autoridad, por el que recibió una sentencia conmutable que posteriormente fue impugnada y el segundo que se dilucida en Quetzaltenango por una supuesta filtración de información por hechos que estarían relacionados.
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El 16 diciembre de 2022, el Tribunal Octavo dictó una sentencia de cuatro años de prisión conmutable por el delito de abuso de autoridad en forma continuada. Para revertir el fallo, el pasado 10 de enero, en conferencia de prensa junto a representantes de varias organizaciones sociales las abogadas de Virginia Laparra presentaron una apelación ante la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, en esa oportunidad, también se advirtió que ella necesitaba exámenes médicos.
El pasado 4 de enero se confirmó que la exfiscal fue ligada a proceso penal por la posible comisión del delito de revelación de información confidencial o reservada, durante la audiencia de primera declaración que se llevó a cabo en el Juzgado de Quetzaltenango. En esta carpeta judicial se le dictó prisión preventiva, lo que ha evitado que acuda a recibir atención médica especializada.
Un año privada de libertad
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero de 2022, fue acusada por supuesto “falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones”. El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada “Lista Engel” de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Vía Óscar Canel, Emisoras Unidas 89.7 FM*