El expresidente, Otto Pérez Molina, por medio de su abogado, solicitó al Tribunal de Mayor Riesgo “B” una reducción de la caución económica de Q13 millones que se le impuso como parte de las medidas sustitutivas en el caso de defraudación aduanera conocido como La Línea.
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El pasado 7 de diciembre, Pérez Molina fue sentenciado por el Tribunal de Mayor Riesgo B, a 16 años de prisión por los delitos de asociación ilícita y por ser cómplice responsable del delito de casos especiales de defraudación aduanera, por cada delito se le impuso una pena de ocho años de cárcel, para un total de 16 años, y se le impuso una multa de Q8 millones, pero la sentencia aún no está en firme. Una sentencia idéntica recibió su exvicepresidenta Roxana Baldetti, también acusada de encabezar el fraude.
El abogado Cesar Calderón emitió sus argumentos para la reducción del monto, posteriormente fue el turno del expresidente Pérez Molina que en varias ocasiones ha dicho que no cuenta con los recursos para hacer el pago. El tribunal debe analizar los argumentos de las partes procesales para posteriormente emitir una resolución.
Caso La Línea
El caso que involucra a Pérez, conocido como “La línea”, consistía en un sistema de evasión fiscal en las aduanas. Fue destapado por la Fiscalía local con el acompañamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente de las Naciones Unidas que apoyó el combate de estructuras criminales dentro del Estado.
Según la investigación, el monto por las coimas recibidas por la estructura ascendió a unos 3,5 millones de dólares, mientras que el monto defraudado al Estado por la evasión de impuestos llegó a casi 10 millones de dólares durante la operación detectada entre 2013 y 2015. Durante la sentencia fueron condenadas otras 16 personas involucradas en la estafa y 11 fueron absueltas.
El entonces jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, encabezó la investigación y es considerado como un “campeón anticorrupción” por Estados Unidos, pero ahora está exiliado en esa nación luego de ser separado del cargo por la fiscal general, Consuelo Porras.
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Un total de seis fiscales antimafia han sido destituidos por Porras, a quien Washington incluyó en la llamada “Lista Engel” de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden afirma que Porras comanda una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la CICIG, la cual indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como Fiscal General.
Con información de AFP y Oscar Canel, Emisoras Unidas 89.7
