La Procuraduría General de la Nación (PGN) pidió que el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti paguen Q18.3 millones cada uno en concepto de reparación digna tras ser encontrados culpables en el caso de defraudación aduanera conocido como “La Línea”. Mientras que el resto de sentenciados deben pagar un monto de Q2.4 millones, para un total de Q73 millones.
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Este 12 de diciembre se realizó la audiencia de reparación digna del caso La Línea, luego de que la semana pasada se dictara la sentencia contra los 29 acusados, entre ellos Pérez Molina y Baldetti, quienes recibieron penas de 16 años de prisión.
Pérez “es penalmente responsable en concurso real de los delitos: autor del delito de asociación ilícita y por ser cómplice responsable del delito de casos especiales de defraudación aduanera”, manifestó la presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo B de la capital, Irma Jeannette Valdés, al leer la sentencia. A cada delito se le impuso una pena de ocho años de cárcel, para un total de 16 años, y más de un millón de dólares de multa. Una sentencia idéntica recibió su exvicepresidenta Roxana Baldetti, también acusada de encabezar el fraude.
Caso La Línea
El caso que involucra a Pérez, conocido como “La línea”, consistía en un sistema de evasión fiscal en las aduanas. Fue destapado por la Fiscalía local con el acompañamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente de las Naciones Unidas que apoyó el combate de estructuras criminales dentro del Estado.
Según la investigación, el monto por las coimas recibidas por la estructura ascendió a unos 3,5 millones de dólares, mientras que el monto defraudado al Estado por la evasión de impuestos llegó a casi 10 millones de dólares durante la operación detectada entre 2013 y 2015.
Durante la sentencia fueron condenadas otras 16 personas involucradas en la estafa y 11 fueron absueltas.
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El entonces jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, encabezó la investigación y es considerado como un “campeón anticorrupción” por Estados Unidos, pero ahora está exiliado en esa nación luego de ser separado del cargo por la fiscal general, Consuelo Porras.
Un total de seis fiscales antimafia han sido destituidos por Porras, a quien Washington incluyó en la llamada “Lista Engel” de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden afirma que Porras comanda una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la CICIG, la cual indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como Fiscal General.
Con información de AFP Samanta Guerrero, Emisoras Unidas 89.7
